Seguridad, legalidad y democracia

Seguridad, legalidad y democracia
Por: Rodrigo Uprimny
“SI LAS PERSONAS FUERAN ÁNGELES, no habría necesidad de gobierno. Si los ángeles gobernaran a los seres humanos, no habría necesidad de controlar al gobierno.
Al concebir un gobierno, que será administrado por seres humanos sobre seres humanos, la gran dificultad es ésta: se debe primero dotar al gobierno de poderes suficientes para controlar a los gobernados; pero inmediatamente se debe obligar al gobierno a controlarse a sí mismo”.
Estas palabras, escritas en 1787 en El Federalista por uno de los padres de la Constitución estadounidense, James Madison, resultan de actualidad para Colombia, pues los colombianos no somos ángeles, como lo muestra la intensidad de nuestra violencia y nuestra delincuencia. Pero tampoco estamos gobernados por ángeles, como lo muestran los abusos gubernamentales de los últimos años.
La tesis de Madison es tan elemental como profunda: el temor a la violencia generalizada nos lleva a aceptar que el gobierno tenga el monopolio de la coacción y esté dotado de facultades considerables, con el fin de que las autoridades controlen los poderes privados y nos brinden seguridad. Y eso está bien, pues evita la guerra hobbesiana de todos contra todos. Pero no debemos olvidar nunca que los gobiernos, precisamente por los poderes que les otorgamos, se vuelven a su vez una enorme amenaza a nuestros derechos y a nuestra seguridad. Por ello es necesario que sean controlados. El principio de legalidad, la separación de poderes y la independencia judicial se tornan entonces centrales: la ley establece las reglas del ejercicio del poder gubernamental; los jueces aseguran que dichas reglas sean respetadas, para que nuestros derechos no sean vulnerados.
La intensidad de nuestra violencia y las atrocidades de las guerrillas han llevado a una gran mayoría de colombianos a adherir fuertemente en los últimos años a la primera recomendación de Madison; han estado dispuestos a otorgar enormes poderes y confianza al gobierno para que éste nos proteja frente a los poderes privados y la criminalidad.
Los buenos resultados del gobierno Uribe en seguridad y la persistencia del temor ciudadano frente a las guerrillas o a Chávez explican entonces, en gran parte, la popularidad del Presidente y la victoria en primera vuelta del candidato del continuismo. Pero pareciera que esos mismos colombianos no comprenden —o tal vez minimizan— la importancia de la segunda recomendación de Madison: la necesidad de controles legales efectivos.
Ahora bien, la ilegalidad durante estos últimos gobiernos ha llegado a niveles intolerables. No estamos hablando de abusos menores, sino de formas extendidas de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos como, por sólo citar algunas, la “chuzada” y persecución masivas a magistrados y personas de la oposición, el escándalo de Agro Ingreso Seguro o los mal llamados “falsos positivos”, esos terribles asesinatos a sangre fría cometidos por miembros del Ejército.
No podemos cerrar los ojos frente a ilegalidades tan graves, con el argumento de que lo primero es la seguridad, pues paradójicamente incrementamos nuestra inseguridad. La seguridad sin legalidad no es nunca seguridad para todas y todos, sino para unos pocos, pues la población queda a merced de la arbitrariedad de las autoridades. Un gobierno sin límites y que no respete la legalidad es tan terrible para nuestra seguridad y nuestros derechos como unos poderes privados armados o delincuenciales sin control.
Si uno realmente está preocupado por la seguridad, tiene entonces que preocuparse también por la legalidad. Por ello, como sabemos que Colombia no será nunca gobernada por ángeles ni por santos (de los de verdad), debemos entonces defender con fuerza el imperio de la ley. Aún estamos a tiempo de hacerlo.

Corrupción

Corrupción
Por: Salomón Kalmanovitz
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA PUEDE entenderse como el uso del poder estatal para enriquecer a un funcionario o a un agente privado.
Hay también corrupción cuando se hacen obras innecesarias con el fin de beneficiar al ejecutivo en un intercambio con un político que termina despilfarrando los recursos públicos. Otra forma de corrupción es asignar institutos y puestos a funcionarios incompetentes que tienden a destruir la acción reguladora del Estado, dejando de cumplir su función para sostener la maquinaria política que apoya al ejecutivo. Las notarías son premios para amigos del gobierno que se corresponden con los trámites que traban el funcionamiento de la economía.
La corrupción es una secuela del clientelismo que ha estado con nosotros durante el siglo XX, y que ha impedido la construcción de una buena infraestructura, a pesar de las fuertes inversiones que se hicieron a lo largo del tiempo. Esa corrupción llegó a su apoteosis con un presidente reelecto pues aumentó sus apoyos y debilitó a la oposición y los medios de comunicación.
¿De cuánto es la corrupción en Colombia? Lo que sigue es un aproximación basada en supuestos mínimos que da alguna idea de sus alcances. En tiempos de Turbay se decía que la justa proporción de la corrupción era cobrar el 15% de un contrato. A un funcionario de una alcaldía de una ciudad del país, por ejemplo, lo llamaban “míster quince por ciento”.
Siendo la inversión pública entre 6% y 7% del PIB y suponiendo que la mordida aumentó con el poder del ejecutivo al 20%, tendríamos que la contratación produciría entre 1,2% y 1,4% del PIB para los corruptos. Habría que hacer un cálculo de las obras innecesarias que se hacen o que nunca se terminan, algo que es muy evidente con el gasto de las regalías, pero también con cientos de obras que ejecutó el gobierno central o alguno municipal. Digamos que es de sólo 1 punto adicional del PIB. Las regalías alcanzan a $6 billones y, por lo menos, la mitad han sido capturadas irregularmente.
El resto del gasto de funcionamiento también está sometido al desvío de recursos públicos que debilitan las funciones regulatorias del Estado y alimentan los altos y medios mandos que apoyan el régimen. Esto es muy evidente en el servicio diplomático colombiano que exporta los especímenes más antagónicos con su función, incluyendo criminales. Los gastos de funcionamiento son entre 16% y 17% del PIB, y suponiendo que el desvío es de sólo el 10% de ellos, tendríamos otro 1,6% o 1,7% del PIB que se pierden para el desarrollo. Los tres sumados nos aproximarían a 4,5% del PIB ($23 billones por año). Ello equivale al déficit anunciado para 2010 y a más de la mitad de la inversión pública durante un año.
Es importante que el electorado reconozca el hecho de que el candidato Santos encabeza una alianza de políticos que invirtieron mucho dinero en sus campañas y que esperan recuperarlo con contratos y puestos, continuando con las malas costumbres que se intensificaron en el uribismo. Hay incluso grupos asociados con las mafias, como son los que integran el PIN, y que lasillavacia.com demostró que habían aportado votos decisivos para el triunfo del candidato oficial en la primera vuelta. La propuesta de Unidad Nacional de Santos es entonces la unión de los clientelistas y de los corruptos que han impedido el desarrollo a fondo de la economía colombiana, y que han tolerado y se han beneficiado por demasiado tiempo de la ilegalidad.
• Salomón Kalmanovitz