Un país minero con muchos retos
Por: David Calle, Unimedios
Muy optimistas se muestran el gremio de minas y el Gobierno nacional frente al futuro de la industria minera en Colombia, que actualmente genera el 2% del PIB. ¿Será que el país está preparado en materia de seguridad industrial, confianza inversionista y política del sector, en caso de tal boom?
Según César Díaz Guerrero, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Minería, solo el 5% del país ha sido explorado con rigurosidad científica. El 95% se encuentra sin investigar.
Colombia es el décimo productor de carbón en el mundo y el cuarto exportador, y según proyecciones, podría tener el 45% de reservas de América Latina, aseguró Díaz.
El Ministerio de Minas y Energía señala que al finalizar este año se producirán más de 80 millones de toneladas, y la meta es que al 2020 la cifra aumente a 150 ó 160 millones.
“Hasta ahora se ha desarrollado carbón térmico (empleado en hornos para la producción de calor), pero se espera que aumente la explotación del metalúrgico (útil en siderúrgica), cuyo precio es más alto en los mercados internacionales (US$ 165 por tonelada). De este mineral hay un potencial en la sabana cundiboyacense y en el departamento de Santander”, explicó Carlos Rodado Noriega, jefe de esa cartera ministerial.
En el 2009, la actividad minera representó el 25% de las exportaciones del país, principalmente de carbón, seguido por níquel y otros minerales como el oro, que para el 2012 se espera aumente su producción a 3 millones de onzas, casi el doble de los 1,57 millones extraídas el año pasado.
Arturo Quirós, director ejecutivo de Asomineros de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), indicó que el desarrollo de este sector le podría generar a Colombia 24 mil millones de dólares en inversiones, y aunque calificó como positivas las actuales políticas, aseguró que el tema de la exploración necesita ajustes para que las reglas sean interpretadas de manera consistente por las autoridades.
Según Quirós, “se requiere que el nuevo Gobierno trabaje mucho más en los procedimientos relacionados con temas ambientales y de consulta con las comunidades indígenas, a fin de evitar que los inversionistas vean dificultades en sus proyectos y se acabe la confianza inversionista”.
Para Georges Patrick Juilland, gerente general de Goldplata Resources, es claro que la exploración de oro en el país apenas está comenzando: “Chile, Bolivia y Perú son tradicionalmente mineros (…) Si se invierte en exploración, en 20 años Colombia podría estar entre los primeros cinco productores del mundo”.
La seguridad minera
La situación que vivieron los 33 mineros en Chile abrió el debate mundial sobre la seguridad de los yacimientos. En China, por ejemplo, esta industria es una de las más peligrosas. Tan solo el año pasado murieron por accidentes en socavón 2.600 personas.
Colombia no ha sido ajena a tal realidad. Según el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), este año han muerto 134 obreros en circunstancias laborales. Los hechos más recientes ocurrieron en Amagá (Antioquia), donde una explosión produjo el fallecimiento de 73 trabajadores, y en Tasco (Boyacá), donde dos mineros quedaron atrapados en la mina de carbón La Esperanza.
César Díaz Guerrero explicó que esta industria, como cualquier otra, genera riesgos para los trabajadores como inhalación de gases tóxicos o atrapamiento por derrumbes. Sin embargo, advirtió que los proyectos mineros deben tener una matriz de riesgos y accidentes que permita ejercer control. Igualmente, integrar ventilación en su diseño, así como zonas de escape en caso de emergencia.
“Todo aquel que tiene una operación minera y trabajadores a su cargo es responsable de contar con un programa de seguridad”, puntualizó.
Oswaldo Ordóñez, director del grupo en Georrecursos, Minería y Medio Ambiente (Gemma) de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, califica como tecnológicamente adecuados los proyectos de carbón en La Guajira, Cesar y otros lugares de la cordillera Oriental.
“La veta La Ye, ubicada en el municipio de Zaragoza, demuestra que se pueden hacer bien los proyectos. Cuenta con ingenieros y geólogos que adelantan procesos eficientes de minería tanto de aluvión (en lechos de ríos y quebradas) como de veta (en socavones y túneles)”, asegura el profesor.
También da ejemplos de malas prácticas, sobre todo en la industria del oro, que presenta los mayores índices de informalidad e ilegalidad. “En la parte alta de Marmato (Caldas), este mineral se explota artesanalmente, y aunque muchos explotadores ilegales han sido evacuados, se derraman químicos y productos que afectan el medioambiente. Lo contrario ocurre en la parte baja, donde se desarrolla la minería de veta, pero de manera tecnificada”.
Más fiscalización
Durante la sexta versión de la Feria Minera Internacional que se realizó en Medellín, el ministro Rodado Noriega anunció que en todo el territorio colombiano se implementarán protocolos de seguridad industrial y se judicializará con rigor la ilegalidad, por lo que se capacitará en el tema a jueces, policías y fiscales. También habló sobre la creación de una unidad de delitos mineros en la Fiscalía: “Llevaremos al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) un documento que proponga la creación de una unidad interinstitucional para combatir este flagelo”, advirtió.
Beatriz Uribe Botero, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, explicó que el país ya cuenta con el Código Minero de 2010, en el que se establecen las áreas donde está prohibido realizar actividades de este tipo.
“En los parques nacionales y en los páramos no se puede hacer minería. Por eso, junto al Ministerio de Minas, continuaremos asegurando que esta ordenanza se respete, y que en las zonas en donde sí es permitida, se realice de manera responsable en lo ambiental y en lo social”, expresó.
Para el director del grupo Gemma, la seguridad industrial y de minería está bien establecida en el papel, pero en la práctica las normas no existen, y tampoco hay presupuesto para invertir en los elementos que requiere. “El tema de la protección consume entre un 25% y un 30% de los costos de producción, incluidos equipos personales, de monitoreo y emergencia para atender un posible colapso o problema”.
Tomás González Estrada, viceministro de Minas y Energía, explicó que el Código Minero está recién reformado y avanza en la reglamentación.
Según los expertos, si bien hay empresas serias que cumplen con todas las normas y traen progreso a las regiones, es necesario buscar soluciones para la minería ilegal, altamente contaminante, pero sustento de muchas familias en el país.
UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODOS AQUELLOS QUE AMAN LA REFLEXIÓN SOBRE LO HUMANO
viernes, 10 de diciembre de 2010
Minería en las reservas naturales
Minería: ¡hasta en las reservas naturales!
________________________________________
Por: Carlos Andrey Patiño Guzmán, Unimedios
No hay vuelta de hoja, el país será primordialmente minero, coinciden expertos en economía y ambiente. El problema es que en Colombia el marco regulatorio es débil para minimizar los impactos ambientales. Por ejemplo, la ley da cabida a la exploración incluso en áreas de reserva natural.
En Vaupés (departamento de la Amazonia colombiana), durante años la población estuvo en la encrucijada de apostar por la minería intensiva o convertir una gran parte del territorio en el Parque Nacional Yaigojé Apaporis. Ganó la segunda opción, por lo menos en el papel.
Mateo Estrada, líder del Consejo Regional Indígena de Vaupés, es consciente de que vive en una zona de inmenso potencial minero, pero asimismo en una tierra rica en biodiversidad. Allí las comunidades tienen opiniones divididas sobre el camino que se eligió.
Con la decisión que tomó el Ministerio de Ambiente en octubre del 2009 se cerró la posibilidad de hacer minería a gran escala en Vaupés. Sin embargo, advierte José Javier Toro Calderón, investigador del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, el Decreto 2820, con el que se modificó la Ley 99 de Licencias Ambientales, dejó la puerta abierta a la minería en todas las reservas naturales del país.
“Teníamos la esperanza de que, con la modificación de dicha norma en agosto pasado, se prohibiera contundentemente ese tipo de proyectos en parques nacionales y en páramos, pero no fue así. En Costa Rica y Estados Unidos, entre otros países, la legislación es clara al rechazar actividades de explotación en los territorios protegidos”, señala el profesor Toro.
La ley dice: “Se otorgará o negará de forma privativa la entrega de licencias ambientales para diversos proyectos”. En ninguna parte excluye, explícitamente, las reservas naturales. En opinión de Nohra León, directora del IDEA y quien sigue de cerca el caso de la minería en páramos, “es un peligro latente para muchos ecosistemas del país”.
Camino sin retorno
Si bien en Vaupés se cerró el camino a la minería masiva, la tentación es grande. Esto se debe a que el actual modelo de desarrollo económico del país no deja otra alternativa, asegura Jairo Sánchez, experto en economía ambiental de la UN.
“Colombia dependerá de esta actividad en los próximos años porque, ni a mediano ni a corto plazo, se ve el desarrollo de una mejor capacidad industrial o el fortalecimiento serio de la agricultura. Además, está en entredicho el supuesto boom petrolero. Como no hay ningún otro sector importante que genere ingresos, este será la única opción”, explica Sánchez.
De hecho, en los últimos 15 años Colombia reafirmó su perfil de exportador minero y de hidrocarburos. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hacia 1995 el sector representaba apenas el 24,71% de las exportaciones, mientras en el 2009 aumentó al 41,96%.
En lo estrictamente minero, hacia el 2002 el sector constituía solo el 12,72% del total de las exportaciones (US$ 11.975 millones), mientras que para el 2009 significó el 24,82% (US$ 31.853 millones).
El Gobierno estima que al final de esta década se doblará la producción de carbón, pasando de 72 millones de toneladas al año a 145 millones. El oro, de 40 toneladas anuales, pasará a 80. Según el profesor Sánchez, “esto representará muchas más regalías, pero asimismo, más dolores de cabeza”.
“Al país le tocó meterse en el tren de la minería intensiva a pesar de ser agresiva con el medio-ambiente (reduce las reservas de agua natural, contamina los ríos y afecta la biodiversidad) y desencadenar problemas sociales (llegada de grupos armados ilegales, desplazamiento forzado, abandono de la agricultura, etc.). La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que no existen instrumentos mínimos para disminuir los efectos negativos, y esto se debe a que el sistema regulatorio es demasiado débil”, afirma.
Solicitudes al por mayor
La fragilidad del Estado para proteger humedades, parques naturales nacionales y regionales, reservas forestales y páramos se evidencia con la información recopilada por el Ministerio de Ambiente, la Oficina de Parques Naturales y el Instituto Alexander von Humboldt.
En la actualidad, en los Parques Nacionales Naturales (PNN) hay 44 títulos legales para ejercer minería, que utilizan 45.175 hectáreas de tierra. De los cerca de 10 millones 400 mil hectáreas protegidas, el 0,4% están afectadas. Ese porcentaje podría crecer al 3,3% si se tiene en cuenta que cursan 490 solicitudes para hacer minería, que perjudicarían 348 mil hectáreas.
La situación se agudiza al analizar otras cifras: en las zonas de reserva forestal protegidas (ZRFP) –que corresponde a unas 469 mil hectáreas creadas para cuidar las cuencas de los ríos y la diversidad de fauna y flora– hay otorgados 57 títulos mineros que intervienen 22.103 hectáreas, es decir, el 4,7% del territorio.
En esas ZRFP hay 327 solicitudes para minería que pretenden utilizar 264.140 hectáreas, esto es, el 56,4% de la tierra protegida. Para completar, en los páramos, que surten de agua a millones de personas en el país y son uno de los ecosistemas más vulnerables y de difícil restauración, hay otorgados 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas.
Como si fuera poco, para hacer minería en estos santuarios están en curso 1.181 solicitudes que pretenden utilizar unas 555 mil hectáreas, o sea el 46,8% de los páramos del país que no están protegidos por Parques Nacionales, pero que son ecosistemas estratégicos, o sea que no deberían ser intervenidos de ninguna forma.
El mismo tipo de conflicto entre minería y ambiente se evidencia en cifras que muestran cómo la actividad de explotación quiere ganar terreno también en las reservas forestales nacionales y en los humedales protegidos.
Ganancia y pérdida
La profesora Nohra León dice que hay casos críticos, como el del páramo de Guerrero, donde la extracción de carbón y materiales para construcción está destruyendo una de las principales reservas hídricas del norte de la Sabana de Bogotá.
“Una economía extractiva sacrifica espacios para la producción agropecuaria, afecta la seguridad y soberanía alimentaria, el patrimonio natural y no deja más que pasivos ambientales. Más grave aún es que ni siquiera se piensa en generar valor agregado a partir de la minería. Sin duda el sector dejará ingresos muy altos para el país, pero ¿qué tanto se verán reflejados en una mejor calidad de vida para la población?”, cuestiona la investigadora del IDEA.
El hecho de que en Colombia se haya eliminado la licencia para la exploración minera, se carezca de metodologías confiables de verificación y valoración de los impactos ambientales, no estén reglamentadas las tasas de seguro ecológico (no se cobran desde 1994 y se refieren más a daños a terceros que al daño ecológico en sí) es, en opinión del profesor José Javier Toro, lo que no permite asumir con tranquilidad el futuro minero que se avecina.
________________________________________
Por: Carlos Andrey Patiño Guzmán, Unimedios
No hay vuelta de hoja, el país será primordialmente minero, coinciden expertos en economía y ambiente. El problema es que en Colombia el marco regulatorio es débil para minimizar los impactos ambientales. Por ejemplo, la ley da cabida a la exploración incluso en áreas de reserva natural.
En Vaupés (departamento de la Amazonia colombiana), durante años la población estuvo en la encrucijada de apostar por la minería intensiva o convertir una gran parte del territorio en el Parque Nacional Yaigojé Apaporis. Ganó la segunda opción, por lo menos en el papel.
Mateo Estrada, líder del Consejo Regional Indígena de Vaupés, es consciente de que vive en una zona de inmenso potencial minero, pero asimismo en una tierra rica en biodiversidad. Allí las comunidades tienen opiniones divididas sobre el camino que se eligió.
Con la decisión que tomó el Ministerio de Ambiente en octubre del 2009 se cerró la posibilidad de hacer minería a gran escala en Vaupés. Sin embargo, advierte José Javier Toro Calderón, investigador del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, el Decreto 2820, con el que se modificó la Ley 99 de Licencias Ambientales, dejó la puerta abierta a la minería en todas las reservas naturales del país.
“Teníamos la esperanza de que, con la modificación de dicha norma en agosto pasado, se prohibiera contundentemente ese tipo de proyectos en parques nacionales y en páramos, pero no fue así. En Costa Rica y Estados Unidos, entre otros países, la legislación es clara al rechazar actividades de explotación en los territorios protegidos”, señala el profesor Toro.
La ley dice: “Se otorgará o negará de forma privativa la entrega de licencias ambientales para diversos proyectos”. En ninguna parte excluye, explícitamente, las reservas naturales. En opinión de Nohra León, directora del IDEA y quien sigue de cerca el caso de la minería en páramos, “es un peligro latente para muchos ecosistemas del país”.
Camino sin retorno
Si bien en Vaupés se cerró el camino a la minería masiva, la tentación es grande. Esto se debe a que el actual modelo de desarrollo económico del país no deja otra alternativa, asegura Jairo Sánchez, experto en economía ambiental de la UN.
“Colombia dependerá de esta actividad en los próximos años porque, ni a mediano ni a corto plazo, se ve el desarrollo de una mejor capacidad industrial o el fortalecimiento serio de la agricultura. Además, está en entredicho el supuesto boom petrolero. Como no hay ningún otro sector importante que genere ingresos, este será la única opción”, explica Sánchez.
De hecho, en los últimos 15 años Colombia reafirmó su perfil de exportador minero y de hidrocarburos. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), hacia 1995 el sector representaba apenas el 24,71% de las exportaciones, mientras en el 2009 aumentó al 41,96%.
En lo estrictamente minero, hacia el 2002 el sector constituía solo el 12,72% del total de las exportaciones (US$ 11.975 millones), mientras que para el 2009 significó el 24,82% (US$ 31.853 millones).
El Gobierno estima que al final de esta década se doblará la producción de carbón, pasando de 72 millones de toneladas al año a 145 millones. El oro, de 40 toneladas anuales, pasará a 80. Según el profesor Sánchez, “esto representará muchas más regalías, pero asimismo, más dolores de cabeza”.
“Al país le tocó meterse en el tren de la minería intensiva a pesar de ser agresiva con el medio-ambiente (reduce las reservas de agua natural, contamina los ríos y afecta la biodiversidad) y desencadenar problemas sociales (llegada de grupos armados ilegales, desplazamiento forzado, abandono de la agricultura, etc.). La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que no existen instrumentos mínimos para disminuir los efectos negativos, y esto se debe a que el sistema regulatorio es demasiado débil”, afirma.
Solicitudes al por mayor
La fragilidad del Estado para proteger humedades, parques naturales nacionales y regionales, reservas forestales y páramos se evidencia con la información recopilada por el Ministerio de Ambiente, la Oficina de Parques Naturales y el Instituto Alexander von Humboldt.
En la actualidad, en los Parques Nacionales Naturales (PNN) hay 44 títulos legales para ejercer minería, que utilizan 45.175 hectáreas de tierra. De los cerca de 10 millones 400 mil hectáreas protegidas, el 0,4% están afectadas. Ese porcentaje podría crecer al 3,3% si se tiene en cuenta que cursan 490 solicitudes para hacer minería, que perjudicarían 348 mil hectáreas.
La situación se agudiza al analizar otras cifras: en las zonas de reserva forestal protegidas (ZRFP) –que corresponde a unas 469 mil hectáreas creadas para cuidar las cuencas de los ríos y la diversidad de fauna y flora– hay otorgados 57 títulos mineros que intervienen 22.103 hectáreas, es decir, el 4,7% del territorio.
En esas ZRFP hay 327 solicitudes para minería que pretenden utilizar 264.140 hectáreas, esto es, el 56,4% de la tierra protegida. Para completar, en los páramos, que surten de agua a millones de personas en el país y son uno de los ecosistemas más vulnerables y de difícil restauración, hay otorgados 391 títulos mineros, que afectan 108.972 hectáreas.
Como si fuera poco, para hacer minería en estos santuarios están en curso 1.181 solicitudes que pretenden utilizar unas 555 mil hectáreas, o sea el 46,8% de los páramos del país que no están protegidos por Parques Nacionales, pero que son ecosistemas estratégicos, o sea que no deberían ser intervenidos de ninguna forma.
El mismo tipo de conflicto entre minería y ambiente se evidencia en cifras que muestran cómo la actividad de explotación quiere ganar terreno también en las reservas forestales nacionales y en los humedales protegidos.
Ganancia y pérdida
La profesora Nohra León dice que hay casos críticos, como el del páramo de Guerrero, donde la extracción de carbón y materiales para construcción está destruyendo una de las principales reservas hídricas del norte de la Sabana de Bogotá.
“Una economía extractiva sacrifica espacios para la producción agropecuaria, afecta la seguridad y soberanía alimentaria, el patrimonio natural y no deja más que pasivos ambientales. Más grave aún es que ni siquiera se piensa en generar valor agregado a partir de la minería. Sin duda el sector dejará ingresos muy altos para el país, pero ¿qué tanto se verán reflejados en una mejor calidad de vida para la población?”, cuestiona la investigadora del IDEA.
El hecho de que en Colombia se haya eliminado la licencia para la exploración minera, se carezca de metodologías confiables de verificación y valoración de los impactos ambientales, no estén reglamentadas las tasas de seguro ecológico (no se cobran desde 1994 y se refieren más a daños a terceros que al daño ecológico en sí) es, en opinión del profesor José Javier Toro, lo que no permite asumir con tranquilidad el futuro minero que se avecina.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)