Lecturas
4
Estudiantes.
Deben leer los textos a continuación y establecer al menos cinco de los grandes
problemas de COLOMBIA. Por cada problema
deben escribir al menos tres párrafos.
El negocio financiero
Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
Pocas cosas producen tanto malestar a la opinión pública, como examinar
las siderales utilidades que obtiene el sistema financiero cada año .Rendimientos
anuales de 39.7 Billones de Pesos, nos son cifras menores, y son elocuente
expresión de la creciente concentración de la riqueza en Colombia.
Es claro que el sector financiero administra moderados niveles de
inversión y riesgo, y a cambio obtiene una de las mayores tasas de retorno de
capital en Colombia.
Si bien apalancar el desarrollo requiere de un sector financiero sólido,
confiable y sostenible, no es conveniente que el formidable negocio de las
instituciones financieras sea en buena medida, producto de la tolerancia
estatal que permite el cobro de unos servicios caros y la obtención de unos
márgenes de intermediación exorbitantes y abusivos en la prestación de un
servicio público básico para auspiciar el desarrollo.
Los negocios deben generar rendimientos suficientes para sufragar los
costos, compensar la administración de los riesgos y rentar el capital, pero en
una economía sana, la intermediación y la prestación de servicios financieros,
no debe ser el mejor negocio, y de serlo, se convierte en una actividad lesiva
a la productividad, que contrae el sector real, desestimula el trabajo y niega
posibilidades de alcanzar un crecimiento equitativo y armónico.
Si bien el estado debe ser respetuoso del mercado, de la iniciativa
privada y de la libertad de asociación empresarial, no puede ni debe ignorar, y
menos tolerar, prácticas abusivas que envilecen la economía.
El mercado financiero en Colombia desde hace mucho tiempo está
desbordado, pero el estado no lo reconoce. Los gobiernos por temor a mostrarse
intervencionistas esperan y esperan, y terminan siendo complacientes con los
abusos. Esta permisibilidad ha ido acostumbrando al usuario a la indefensión y
a la resignación.
Es obligación perentoria de los estados intervenir los mercados cuando
los precios no son el resultado de la libre interacción de la oferta y la
demanda. Es inequívoco que en el mercado financiero colombiano, la oferta tiene
una posición articulada y dominante, que le permite colocar todas las
condiciones, mientras que la demanda debe acogerlas sin opciones ni
alternativas.
Los servicios financieros están regidos por normas positivas que se
remontan a 1.918, y que en teoría se fundamentan en una ecuación que privilegia
la equidad y equilibra la confianza de usuarios y de entidades depositarias de
la fe pública. Pero en la práctica, la relación entre clientes y
establecimientos financieros es desigual. Los servicios que se prestan, en la
mayoría de los casos, están regulados por “contratos por adhesión”, o sea, por
acuerdos impositivos, en que una de las partes coloca todas las condiciones y
la otra debe allanarse a cumplirlas.
Por solemnidad contractual, la utilización de las instituciones
financieras es forzosa e imperativa. Si las personas y empresas quieren dar
formalidad a sus actos mercantiles, tácitamente están obligadas a usarlos. Este
desequilibrio contractual es consuetudinario y universal, pero se torna
antipático, cuando el que impone todas las condiciones se muestra ineficiente y
prepotente frente al cliente que lo favorece con su confianza. Con todo, esta
condición asimétrica se vería parcialmente disminuida, si el usuario recibiera
servicios eficientes, competitivos y sobretodo buen trato.
Pero las quejas de los usuarios son inefables. Las respuestas a las
quejas, en ocasiones, causan hilaridad y son un formalismo ocioso. Los
flamantes Defensores del Consumidor y la tardía Superintendencia Financiera
reciben incontables reclamaciones, pero poco o nada hacen en favor del
mejoramiento del servicio. Esta situación está provocando justa animosidad,
deserción, y lo más grave, el crecimiento mimetizado de un sistema financiero
paralelo que peligrosamente bordea las normas que penalizan la usura y que
prohíben la captación masiva y habitual de ahorro público.
Muchos creen que los abusos en que incurren las instituciones financieras
se reducen a los exorbitantes costos de los servicios que prestan, cuando en
realidad la mayoría de ellos son invisibles para los ciudadanos y ocurren con
la complacencia de la Ley o por tolerancia de las autoridades.
Empiezo a perder las esperanzas que en Colombia haya alguien capaz de
instrumentar una verdadera reforma económica; Lo triste es, que es posible y
relativamente fácil, lo que falta es saber, y más que eso, valor para hacerlo.
De eso hablaremos en otra columna.
* Director y Socio de Rodríguez-Jaraba & Asociados. Consultor
Jurídico y Corporativo especializado en Derecho Comercial, Financiero y
Contratación Internacional. Profesor Universitario.
El mediocre
crecimiento de Colombia
El crecimiento en 2013, 4,3%, fue exactamente igual al promedio de todo el
siglo XX, insuficiente para alcanzar el pleno empleo de la fuerza de trabajo.
Por: Salomón Kalmanovitz
Las mejoras en los índices de desempleo,
informalidad o pobreza, tan pregonados en la campaña reeleccionista, no cambian
mucho el panorama abrumador de una población que mayoritariamente mal vive en
la precariedad.
A pesar de una bonanza de precios de materias primas que se prolongó por
más de una década, sólo en 2006, 2007 y 2011 crecimos por encima del 6,5%,
jalonado por la minería. La industria lleva dos años seguidos contrayéndose y
el crecimiento reciente fue liderado por la construcción de vivienda de interés
social y de las obras civiles, en sectores típicamente no transables que
presionan más a la revaluación del peso. Me explico: una forma de medir la tasa
de cambio es un índice entre los bienes transables (importaciones y bienes que
compiten con ellas) y los no transables. Así, un aumento de los costos internos
por la expansión de sectores no transables lleva a una pérdida de
competitividad de las exportaciones y de la producción nacional. El anunciado
cierre de Mazda es una muestra elocuente de la situación macroeconómica del
país.
El gasto público para reelegir a ciertos políticos en Sahagún, por ejemplo,
es no sólo ineficiente, sino que viola principios elementales de justicia
tributaria. Los contribuyentes nacionales no tenemos por qué financiar la
pavimentación de calles ni la construcción de andenes del municipio aludido,
pues esa es responsabilidad de las administraciones locales y de la tributación
de los ciudadanos que se benefician con las obras. En este sentido, el gasto
público nacional no produce un átomo de desarrollo económico.
Otros países latinoamericanos, como Perú y Chile, aprovecharon mejor la
bonanza de materias primas, lo cual tuvo que ver con la calidad de sus
políticas públicas. Colombia mantuvo déficits fiscales durante todo el período
que se expresaron también en faltantes crónicos en su balanza de cuenta
corriente. El país estaba consumiendo e invirtiendo por encima de sus
capacidades, lo cual se cubrió con endeudamiento público y con inversión
extranjera, ambos fuente de divisas que contribuyeron a la revaluación del
peso. En los países aludidos hubo, por el contrario, ahorro público y
eliminación de la deuda externa, permitiendo que sus sectores transables
pudieran no sólo crecer, sino también exportar.
La bonanza en Colombia fue aprovechada para que el gobierno les permitiera
a los ricos tributar menos. Si sustraemos los ingresos fiscales que provee
Ecopetrol, el recaudo tributario del gobierno central es menos de 13% del PIB,
dato escandaloso muy inferior al recaudo chileno, por ejemplo, que es del
doble. En su visita reciente el FMI criticó el hecho del reducido recaudo
tributario frente a las necesidades del gobierno y de la sociedad.
La deuda externa del gobierno ha seguido creciendo a pasos agigantados.
De la minería a dónde?
DESPUÉS DE UNA DÉCADA DE DISFRUtar un premio seco de la lotería de las
materias primas, nos vemos abocados a una pérdida considerable de riqueza.
Por: Salomón Kalmanovitz
En los noventa también
tuvimos una bonanza con el hallazgo de los pozos petroleros de Arauca y
Casanare. En ambos casos, nos cayó la enfermedad holandesa: cayeron las
exportaciones distintas a las mineroenergéticas, mientras que la industria y la
agricultura fueron acorraladas por importaciones baratas.
La actividad minera nos
proveyó una renta que no ahorramos y que invertimos mal. Noruega, Chile y
Perú salieron mejor librados que nosotros por la caída de los precios de las
materias primas pues ahorraron en fondos externos y sus gobiernos obtuvieron
excedentes que se pueden gastar ahora. Antes de eso, Canadá y Australia se
dotaron de un sistema de educación de alta calidad con las rentas de sus
exportaciones mineras. Acá aumentamos la cobertura más no la calidad educativa.
Ahí están las dobles
calzaditas de Uribe sin terminar, el túnel de La Línea, inaugurado varias
veces, o el acueducto de Yopal, reconstruido en tres ocasiones y cuyo exiguo
líquido contiene bacterias. Se construyeron algunas buenas carreteras en los
llanos y en otras regiones, con grandes sobrecostos. La más necesaria de todas,
que debía comunicar el puerto de Buenaventura con el resto del país, está lejos
de terminarse. La ciudad portuaria está llevada por la criminalidad del
narcotráfico que acosa a una población sin futuro. Todas las autopistas del
país se estrellan con calles estrechas o la ausencia de vías perimetrales al
llegar a las ciudades.
Tenemos un problema de
economía política sin resolver y las bonanzas sólo lo exacerbaron, aunque nos
aseguran que nos hemos tornado en un país de clase media y que seremos
cada vez más prósperos. La riqueza se crea mediante el trabajo cada vez más
productivo y eso aplica menos a las materias primas, aunque nuestra bonanza
reciente resultó de la aplicación de nuevas tecnologías a la recuperación
secundaria de crudos pues no se encontraron nuevos depósitos.
El conflicto interno
prohijó la expropiación de cientos de miles de labriegos y debilitó los
derechos de propiedad de todos los ciudadanos. El crimen organizado capturó
partes del Estado, el sistema de justicia se corrompió y los intereses de los
grupos económicos se impusieron sin barreras sobre la sociedad. Nada de esto
apoya el desarrollo económico.
El capitalismo compinchero
campea por doquier: en la producción de biocombustibles, a la que se le
compartió la renta petrolera con los altos precios internos de la gasolina y el
diesel, y con los oligopolios que hacen acuerdos que expolian a los
consumidores del mercado interno cautivo sin preocuparse por exportar. Algunas
empresas se han vuelto maquiladoras y empacadoras de bienes importados.
Hace falta una política
pública que aumente la productividad de la industria y de la agricultura, tarea
difícil después de 20 años de rentismo. También hace falta una política
de competencia que presione a los productores locales a trabajar con márgenes
bajos y conduzca al aumento de los volúmenes producidos. La agricultura podría
reaccionar más rápido, pero habría que sacar de nuevo al clientelismo del
ministerio respectivo.
Pero
desde hace bastante tiempo habíamos convivido con desequilibrios subyacentes
que se solventaban con nuestra prosperidad, al parecer ilimitada. Uribe
devolvió impuestos y disipó el ahorro público. Los déficits fiscales se financiaban
con crédito barato y abundante. Los déficits frente al resto del mundo se
cubrían con nuevas entradas de capital que iban a la minería y al petróleo o a
las inversiones en papeles del Gobierno y en acciones. Pero el capital que
entra sale más tarde acompañado de sus crías, más aún cuando hay una parada
súbita de sus flujos, y ese es un riesgo que nos acecha.
El mundo del dólar barato, de las materias primas
caras y del crédito abundante anuncia su final. Se nos acabó una década de
prosperidad que pensamos nos sacaría del subdesarrollo, pero estamos lejos de
eso. Nuestras instituciones no cambiaron mucho: siguen basadas en el
clientelismo, la escasa competencia política y en la corrupción que se apropia
de buena parte de los recursos públicos, que es lo que impide la construcción
de una buena infraestructura o hace que la educación y salud sean de mala
calidad o que la justicia no llegue.
Los países que prosperan son aquellos que asignan
sus recursos a educar toda su población en las ciencias y las humanidades, que
combinadas permiten innovar en todos los sectores de la economía. Son aquellos
que privilegian la producción industrial y agrícola y los servicios complejos,
para no depender de las loterías de las materias primas. Nosotros prosperamos sólo
cuando contamos con buena suerte. No tenemos cómo cabalgar sobre el desarrollo
de nuestras capacidades. Quizás una mayor competencia política que surgiría de
un acuerdo de paz podría cambiar nuestras instituciones un poco y para bien.
El año que comenzamos es de peligro. Una nueva
quiebra de Rusia o de Indonesia, una implosión de Venezuela nos puede
arrastrar, como ya pasó en 1998, cuando se dio una corrida de capital por
doquier.
Un balance del conflicto *
Uno de los costos más elevados del conflicto colombiano ha sido el de
alimentar la hegemonía de la derecha y de las prácticas clientelistas y
corruptas en la política nacional.
Por: Salomón Kalmanovitz
De ellas se derivan
la desigual distribución del ingreso, la baja tributación para financiar
programas sociales, pero suficiente para fortalecer la capacidad militar del
Estado; también, el bloqueo a las reformas agrarias que promovieran el
desarrollo económico del campo y, no menos, la captura del gasto público por
las mafias que actúan en la contratación.
No ha sido posible
construir un Estado dotado de una burocracia reclutada por mérito y con
capacidad para actuar de manera decidida en todas las áreas que le
corresponden, desde el desarrollo de la agricultura hasta la dotación de una
infraestructura que reduzca los costos de transporte y de la energía. Todo
emprendimiento público termina enmarañado en el desgreño y en la apropiación
indebida de los recursos del Estado, contaminando incluso al sistema de
justicia.
El fin del
conflicto que se avizora servirá para debilitar a las fuerzas que entorpecen el
desarrollo económico y que han limitado la democracia en el país, aunque tomará
tiempo y empeño limitar las prácticas malsanas de un sistema político basado en
las clientelas y la compra de votos.
En todo caso, los
beneficios del fin del conflicto son inconmensurables, en especial para las
regiones más atrasadas del país y donde hay menor presencia del Estado.
Colombia es hoy el segundo país con más minas sembradas en el mundo, lo que
saca buena parte del territorio de la explotación agropecuaria y minera,
exponiendo a la población que allí permanece al riesgo de muerte y
desmembramiento. Peor aún, el reclutamiento de jóvenes le ha extraído la savia
más productiva a las economías campesinas de estas regiones ya de por sí muy
pobres.
El secuestro por
las Farc ha cobrado 22.000 víctimas, lo que les ha costado la baja estima que
le guarda la población y el odio profundo de las capas sociales que más lo han
padecido. La derogación de la “ley” 002 con la que se justificaba la extorsión
so pena de la libertad y vida de sus víctimas hará posible que vuelvan al campo
capitales que huyeron de la barbarie. Los bombardeos con cilindros y la respuesta
del Ejército han propiciado la ruina de muchas poblaciones pequeñas. La
usurpación de tierras por paramilitares y guerrilla (38 % del total) ha
desplazado buena parte de su población, permaneciendo en ellas sólo personas
mayores. El narcotráfico ha aumentado los homicidios y es conexo con el
subdesarrollo; posiblemente surjan Farcrim una vez sellada la paz.
El ataque a la
infraestructura ha sido costoso no sólo por las pérdidas directas incurridas (4
millones de barriles de petróleo vertidos en 30 años, más los daños a la
actividad económica por las voladuras de las torres de energía), sino de la
extensa contaminación de las fuentes de agua de la población y del ganado. Las
vacunas son fuertes cargas para los negocios medianos que van desde el comercio
y el transporte hasta las empresas agropecuarias. El amedrentamiento de las
comunidades ha frenado su desarrollo en paz.
Por último, el
aumento de la competencia política puede servir para fortalecer el voto de
opinión e informado en las decisiones electorales y podría disminuir en algo el
clientelismo y la corrupción.
Factores que
afectan la competitividad y la productividad en Colombia
Definiciones
“Competitividad
es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel
de productividad de un país". A su turno, el nivel de
productividad establece el nivel sostenible de prosperidad que puede
ser obtenido por una economía."
"En otras
palabras, economías más competitivas tienden a ser capaces de producir niveles
de ingreso más elevados para sus ciudadanos. El nivel de productividad
también determina las tasas de retorno obtenidas por las inversiones
productivas (físicas, en capital humano y en tecnología). Como las tasas
de retorno son los inductores fundamentales de la tasa de crecimiento de la
economía, entre más competitiva es una economía, más rápido crecerá en el
mediano y largo plazo"
Productividad empresarial
La
productividad empresarial es un método evaluativo que se refiere a que una
empresa logra resultados más eficientes a un menor costo, con el fin de
incrementar la satisfacción de los clientes y la rentabilidad. Cuán mayor sea
la productividad de una empresa, más útil será para la comunidad gracias a que
ésta se expande y genera empleo e impuestos.
Para
que se mejore la productividad en una organización existen tres elementos
básicos:
1.
Equipos y materiales: Hardware
2. Procedimientos y métodos: Software
3. El recurso humano: Humanware
2. Procedimientos y métodos: Software
3. El recurso humano: Humanware
Para
mejorar el hardware se requiere de altas sumas de dinero para invertir. Para
mejorar el software se requiere de personas idóneas y conocimientos, por lo que
es pertinente mejorar el humanware por medio de buenos procesos de selección,
capacitación permanente y remuneración adecuada, lo importante es seleccionar y
mantener el mejor capital humano posible dentro de la empresa para que no se
afecte el software.
Competitividad
La
competitividad se refiere a que una organización logre mantenerse y permanecer
en el mercado a largo plazo, para esto, es necesario trabajar siempre con
innovación de manera que se fomente la apertura de mercados y generar credibilidad
y confianza en la marca a través del control de calidad y la garantía.
La
capacidad competitiva de una organización se evalúa mediante la calidad en sus
productos, la rapidez de reacción ante los eventuales problemas, la capacidad
de innovación y la capacidad de evolución.
La productividad de
Colombia
Los 21 millones de trabajadores
colombianos con empleo se sienten agobiados con extensas jornadas laborales y,
por lo general, hablan de una pesada carga de actividades por cumplir. Sin embargo, el esfuerzo no coincide con la productividad del
país, que ocupó el puesto 66 entre 144 países, tras la más reciente
medición realizada por el Foro Económico Mundial.
1.
Según el informe del Consejo Colombiano de Competitividad,
asociado a la baja productividad está el bajo nivel de sofisticación y
diversificación del aparato productivo, lo que termina reflejándose en la
perdida de sofisticación de las exportaciones colombianas. El documento destaca
que la situación es tan extrema que se llegan a necesitar 4,5 trabajadores
colombianos para producir lo que produce un trabajador norteamericano,
evidenciando el campo vacío que hay en las aptitudes y desempeño de uno y otro.
2.
Existen brechas en materia de educación, institucionalidad y
salud que deben ser superadas si el país quiere alcanzar un crecimiento
sostenible en los años venideros. La educación refleja la desigualdad de la
sociedad colombiana, es elitista y la educación pública en la primaria y en la
secundaria se caracteriza por su bajo nivel de calidad. Institucionalmente el
Estado colombiano es frágil y débil, es incapaz de dar respuestas efectivas a
la reducción de la pobreza, garantizar la estabilidad de los indicadores
económicos, ni tampoco puede ser un factor que permita el crecimiento de los
diferentes sectores de la economía colombiana. De acuerdo con David Bojanini,
Presidente del Grupo Sura: “La educación comprende muchas etapas que son
vitales para la formación del músculo laboral del país que requiere de mayor
capacitación para que pueda cumplir con mucha más eficiencia las labores
concernientes a su área de desempeño”.
3.
Colombia
ha crecido recientemente en medio de una regresión infantil, pues volvió a sus
inicios de los siglos XIX y XX, exportando oro, petróleo, carbón, y otras
materias primas sin procesar ni transformar (commodities) y cada vez
relativamente menos productos de origen agrícola (café, flores, frutas) o
industriales de bajo valor agregado. Hoy el tejido empresarial, compuesto
esencialmente por unas 1.500 empresas grandes y unas 75.000 pequeñas y medianas
(pymes), ha dejado ampliar su brecha de productividad frente a las economías
avanzadas y por lo tanto, es menos competitivo que hace cinco años. La gran
transformación ha sido por el auge del sector de servicios, que desde hace años
genera más de un 50 por ciento del PIB colombiano, orientado a satisfacer
necesidades del mercado interno, como los servicios financieros, de
telecomunicaciones, de educación y de salud, que están lejos de ajustarse a los
estándares internacionales. Lo cierto es que, en los últimos años, Colombia sí
creció, pero mal. Creció sin generar empleo, sin reducir la pobreza, sin
mejorar la abismal desigualdad, pero sobre todo, sin aprovechar esa dinámica
económica para cerrar su brecha de productividad frente a economías más
competitivas.
4.
La informalidad es otro ingrediente que no deja cocinar la
torta de la productividad. La existencia de 11,5 millones de trabajadores
informales y 3 millones de colombianos desempleados es una de las razones de
los malos resultados en productividad que obtiene el país en comparación con
las demás naciones del mundo. “Si una persona es capacitada y productiva, entra
al mercado formal, tiene la posibilidad de ganarse un salario decente. Si no
tiene formación, su futuro es entrar a la economía informal, a obtener ingresos
a veces por debajo del mínimo. Allí cae de nuevo al círculo vicioso: menor
productividad, imposibilidad para capacitarse y mejorar su condición. Es donde
la gente empieza a perder el estímulo”, sostiene Rosario Córdoba.
5.
Debido
a la baja productividad, Colombia tiene grandes dificultades para insertarse
exitosamente en los mercados mundiales. Mientras que nuestras exportaciones por
habitante en 2006 fueron de US$540, en Chile fueron de US$3.380, y en la
República Checa de US$9.267. Para no referirnos a un país como Irlanda cuyas
exportaciones equivalen a US$25.000 por habitante, es decir, 50 veces el valor
de este indicador para Colombia.
6.
En
los últimos veinticinco años, la tasa de inversión en Colombia ha sido, en
promedio, 17.6% del PIB. Esta tasa es inferior a la de otras economías de la
región como Chile (19.2%) y Perú (18.9%). La diferencia es aún mayor con
respecto a economías como Malasia (25%) o Corea (34.9%). Las bajas tasas de
inversión afectan negativamente la capacidad de acumular un stock de capital
suficiente que amplíe la capacidad productiva y permita expandir la producción
sin que se generen presiones inflacionarias. En la experiencia internacional,
el proceso de desarrollo y de crecimiento del ingreso per cápita está asociado
con un aumento en la dotación de capital por trabajador que permite alcanzar
mayores niveles de productividad del trabajo, y, por ende, mayores salarios. La
baja de inversión en Colombia refleja el bajo dinamismo de la formación de
capital tanto del sector privado como del sector público. En este último caso,
la poca inversión se refleja en un atraso en infraestructura y servicios de
logística, que afecta negativamente la productividad del trabajo en las
diferentes actividades.
