Chocó

Duda y honestidad política

Duda y honestidad política
Por: Mauricio García Villegas
LAS PERSONAS QUE NUNCA DUDAN me producen desconfianza; por eso me gusta el aforismo de Nietzsche que dice, “no es la duda sino la certeza lo que vuelve a la gente loca”.
Tener todo siempre claro me parece una deformación del espíritu tan grande como dudar de todo. Por eso le huyo a los dogmáticos tanto como a los posmodernos, a los fanáticos tanto como a los nihilistas. La duda no siempre es un indicio de la falta de conocimiento; yo diría que más bien es al revés: la certidumbre y la falta de información suelen ir de la mano.
Todos tenemos una cierta cantidad de saber y una cierta cantidad de duda. Si combinamos ambas cosas podemos diferenciar cuatro personajes entre nosotros. 1) Los que saben mucho y dudan poco, 2) Los que saben mucho y también dudan mucho, 3) Los que saben poco y dudan poco, y 4) Los que saben poco y dudan mucho. Cada uno de estos tipos tiene afinidad con ciertos oficios, labores, o disciplinas. Así por ejemplo, el mundo de la ciencia suele contar con gente que sabe y duda mucho, mientras que las iglesias y los partidos políticos están llenos de gente que sabe muy poco y no duda de casi nada. Claro, una misma persona puede cambiar de mentalidad con sólo cambiar de tema, según se sienta experto o no. Pero, por lo general, todos nos identificamos con uno de los cuatro personajes y eso debido a que dudar o no dudar es, por lo general, una cuestión de temperamento.
Si me ponen a escoger entre estos cuatro tipos me llevo al que sabe y duda mucho y entre los tres que quedan, prefiero al que sabe poco y duda mucho. El peor de todos, para mi gusto, es el que sabe poco y nunca duda de nada. (Bueno, depende en qué circunstancias lo haga; decía hace un momento que las iglesias están llenas de estos personajes y está bien que así sea; allí encuentran la seguridad y la falta de curiosidad que mejor corresponde a su actitud mental). No quisiera, por ejemplo, estar montado en un avión manejado por un piloto inexperto y que cree que se las sabe todas. Tampoco quisiera estar gobernado por alguien que esconde su ignorancia con una actitud dogmática e intolerante.
Ahora que estamos en campaña electoral, tengo una razón adicional para preferir a los candidatos que saben y que dudan. Y es que éstos, a diferencia de los demás, son conscientes de qué es lo que no saben y por eso se rodean de gente que conoce la información que ellos necesitan para tomar las mejores decisiones.
Pero claro, saber y dudar son condiciones necesarias pero no suficientes para ser un buen presidente. También hace falta que el candidato sea una buena persona, honesta y bien intencionada. Si se dan esas tres condiciones —mucho conocimiento, buen equipo y honestidad—, lo más probable es que el candidato, cuando resulte elegido, haga un buen gobierno. Es posible que no sea el candidato más brillante durante la campaña y que incluso le vaya mal en los debates con los otros aspirantes. Pero tiene el conocimiento, la actitud mental y la firmeza moral que le permite superar, no sólo sus propias vacilaciones, sino los retos a los que se debe enfrentar.
Si la duda es una manifestación de la honestidad intelectual, no hay razón para pensar que no sea también una manifestación de la honestidad política.

Temas del debate

Temas del debate
En la campaña electoral presente se han presentado los programas que los candidatos consideran indispensables para mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del país. Las parejas o tríos que defenderán las posiciones deben buscar en las páginas de Internet la manera de reforzar las posiciones y construir los argumentos que permitan realizar un debate convincente. Lea en el blog las Reglas del debate.
El debate ha girado básicamente en tres grandes tendencias:
1. Seguridad y prosperidad: Derrotar al terrorismo, terminar el conflicto y construir la paz. Mantener una presión incesante sobre los violentos, organizados en bandas criminales, grupos guerrilleros y terroristas. No dejar más opción que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución Política de Colombia. Mantener una política de firmeza contra los grupos que desestabilizan el país. El perfeccionamiento del marco legal deberá orientarse a aspectos como el acceso a la información; la eliminación de barreras y costos de acceso a los mercados; el fomento de una política de atracción de inversiones; y las facilidades para la salida del mercado de empresarios que desarrollaron actividades no exitosas. Se aspira a combinar la seguridad con una política que promueva la prosperidad económica, facilitando la tarea de los empresarios. Para poner a Colombia a trabajar, redoblar esfuerzos en cinco “sectores locomotora” de nuestra economía. Infraestructura: relanzar el sistema de carreteras de doble calzada que saquen rápida y efectivamente nuestros productos de los puertos. Agro: una transformación productiva que duplique las exportaciones de ese sector, consolide la paz en el campo y cree cientos de miles de empleos. Vivienda: un despegue con subsidios no solamente para la de interés social y prioritaria, sino también a la clase media, para que las familias y los jóvenes compren su primera casa. Innovación: todos los sectores de la economía tienen el potencial de avanzar en la senda del conocimiento. Minería: sector dinámico de Colombia, que crecerá de manera compatible con la protección del medio ambiente.
2. Legalidad y educación: El principio sencillo de la vida en común es acatar la ley, porque sin ley la vida es una guerra de todos contra todos. Pero acatar la ley no es lo mismo que ajustarse a las leyes. Del presidente para abajo, los políticos, los empresarios, y en general los colombianos, nos cuidamos de cumplir con el texto y las formalidades de las leyes. Pero a menudo esto se hace precisamente para violar la intención o el sentido de la ley: los contratos simulados o ficticios, la doble contabilidad de las empresas, los decretos pensados para que la Corte no los tumbe, las declaraciones de renta, las autenticaciones en las notarías, y así en todo lo demás.
Acatar la ley es justamente lo contrario. Es actuar con limpieza, sin vivezas y sin pisar a los demás. Es fijarse en el fondo, no en las formas, y es tan sencillo como el "no matarás, no robarás, no mentirás" que nuestros pueblos indígenas enseñan a sus hijos.
¿Cómo lograr entonces que se acate la ley? la ley sólo se acata cuando la gente entiende que debe acatarla porque es la forma más inteligente de vivir y convivir. La legalidad nace de la conciencia de cada ciudadano o ciudadana. Para alcanzar la prosperidad hay que empezar primero por la educación y la cultura de la legalidad. Sí, aun cuando le suene sorprendente, es más fácil construir seguridad que legalidad. Es más inmediato poner talanqueras, prohibiciones, castigos y represiones, que formar conciencia de equidad y respeto. La cultura de la legalidad es la cultura del respeto y la equidad. Seguridad por seguridad puede ser sinónimo de atropello y de que el fin justifica los medios.
3. Inclusión social: Colombia se convirtió en la sociedad más desigual de América y su sociedad rural es la sociedad más desigual del mundo. Y el coeficiente GINI, que mide la concentración de la riqueza, resultó ser el más alto de la historia de Colombia. Una política de seguridad en medio en de tan aberrante desigualdad social hace aguas, como esta haciendo agua y lo demuestran los casos de la violencia en Córdoba, en la Costa Pacífica, en Medellín, en el Nordeste antioqueño, en muchísimas regiones donde estamos viendo una especie de balcanización violenta de Colombia, de fragmentación del territorio, en una serie de alianzas indescriptibles que conforman una situación en la que se necesita ser ingeniero en violencia para entender la realidad actual No podemos salir de la violencia de manera definitiva, histórica, sin articular una política de seguridad, entendida como control militar del territorio y una fuente política y muy clara y muy contundente de equidad social.

Sin daños coñaterales

Sin daños colaterales
Por: José Fernando Isaza
ES DIFÍCIL NO ESTAR DE ACUERDO CON los enunciados de seguridad, fomento a la inversión y cohesión social. El problema es la forma de aplicarlos por los daños colaterales que han traído.
En una democracia, el monopolio de las armas debe estar en manos del Ejército, con los controles del poder civil. Por lo tanto, si los grupos insurgentes pretenden hacer política armada, el Gobierno tiene toda la autoridad para combatirlos recurriendo al uso legítimo de las armas. La política del Gobierno de priorizar el combate y generar incentivos, por el “conteo de cuerpos”, llevó a formular y aplicar políticas que cercenaban los derechos de los ciudadanos y estimuló los asesinatos de inocentes por miembros de la Fuerza Pública. Al iniciarse el primer período de gobierno se aprobaron leyes que permitían la violación de correspondencia, la intercepción de llamadas, las detenciones, muchas veces masivas, todo sin orden de autoridad judicial. En buena hora la Corte Constitucional, por vicios de trámite, declaró inexequibles estas leyes. Y las que, con el pretexto de zonas especiales, limitaban la movilidad ciudadana. Otro efecto colateral de la seguridad es el aumento del gasto militar y del pie de fuerza. Hoy Colombia tiene casi tantos efectivos militares como Brasil, y el Ejército colombiano supera la suma de los ejércitos de Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. En un país, que de acuerdo con el Gobierno, no tiene conflicto interno, es difícil explicar el avance del militarismo.
Cómo no estar de acuerdo con el aumento de la inversión y la confianza del inversionista. Sin embargo, como lo han demostrado Galindo y Meléndez, las exenciones tributarias no tuvieron efecto sobre el aumento de la inversión. Ésta se realiza si hay aumento de demanda, o en el caso de la minería si los precios internacionales son atractivos. Las gabelas tributarias, que por otra parte son innecesarias, pues los tratados internacionales permiten a las transnacionales descontar los impuestos pagados en Colombia, superan con creces el déficit del sector salud. Adicionalmente y a pesar de las modificaciones legales para “flexibilizar” el empleo, el resultado ha sido un crecimiento acelerado del desempleo: 14,6%, el más alto de América Latina y una generación de empleo informal de bajo ingreso, que no puede cotizar ni a salud ni a pensiones.
Cohesión social. Poco aporte se ha dado a la convivencia ciudadana y al respeto al ejercicio de la política, cuando desde las más altas esferas del Gobierno se llamó terroristas y cabezas de la serpiente guerrillera a los que legítimamente ejercen la oposición; se utilizó el aparato gubernamental para amedrantar, perseguir e interferir correspondencia, pues el Gobierno asimila el enemigo a la oposición. Es de esperarse que no se repita la absurda tesis del “cohecho de una sola vía”, exótica doctrina que condena a quien vendió el voto, para lograr la primera reelección, pero se exonera a quienes lo compraron. Parecería estar abriéndose paso a una teoría según la cual la persecución a la oposición es sólo para uso interno, sin pasarle la información y los resultados de la intimidación al “beneficiario real”.
Los candidatos a la Presidencia que, con poca originalidad, tienen como programa “continuar la obra actual” deberían explicar si la van a ejecutar intensificando los daños colaterales, o respetando los derechos del ciudadano.
* Rector, Universidad Jorge Tadeo Lozano

Reglas del debate

DEBATES

El Debate puede definirse como la confrontación de ideas sobre un tema determinado. Se trata de persuadir y convencer a un auditorio, que los argumentos que se utilizan son válidos.

NORMAS
A. Maneje con eficiencia los minutos que le conceda el jurado.
B. Espere su turno para participar. No levante la mano, ni hable.
C. Puede tener en la mano fichas y hojas pero no leerlas para el público.
D. No habrá mociones
E. Cualquier intervención debe hacerla de pié.
F. La defensa o el ataque se escogerá al azar.
G. Siempre comienza el que quede afirmativo.
H. No se puede salir del recinto.

PREPARACIÓN PARA LA DISCUSIÓN
A. Seleccione lecturas sobre los temas propuestos que permita contrastar los subtemas.
B. Haga una lista de todas las palabras que no conozca bien. Averigüe y escriba sus significados.
C. Escriba un informe sobre lo leído
D. Identifique los subtemas del informe
E. Identifique los subtemas que más le costaron comprender o que crea útiles para una discusión provechosa.
F. Escriba un informe sobre los subtemas que más le costaron comprender. Formule preguntas.
G. Escriba qué utilidad tiene el material leído para el debate.
H. Organice sus argumentos.

UN ARGUMENTO TIENE FUERZA CUANDO:
A. Tiene intensidad, impactando al público.
B. Cuando se gradúa su exposición.
C. Cuando responde al desarrollo del debate.
D. Cuando hay claridad al exponerlo.

ORATORIA
A. Manejar el tono de la voz. Hable con convicción y elocuencia.
B. Vocalice bien
C. Maneje el gesto corporal (manos, rostro, movimiento) que corresponda al discurso que ha preparado (serio, racional, irónico, sentimental)
D. Diríjase al público, al jurado, a su oponente.
E. Sea diplomático recuerde que está intercambiando ideas, respete a su oponente.
F. Escuche con mucha atención.

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
A. Tono de voz: fuerza, dicción, elocuencia.
B. Gesto corporal: movimiento, manos, rostro.
C. Argumentación: información, pruebas, análisis.
D. Diplomacia: discreción, amabilidad.
E. Discurso: saludo, problemática, conclusiones.

La pobreza no aguanta aplazamientos

La pobreza no aguanta aplazamientos
Si todo sigue como va, los objetivos de política que van a estar en juego van a ser seguridad vs. legalidad, como fue evidente en el último debate presidencial, o prosperidad democrática contra legalidad democrática. Ninguno de los dos conceptos incorpora explícitamente una ofensiva frontal contra la pobreza o que uno de los principales objetivos de las políticas propuestas va a ser la justicia social, y si lo propusieran. Pero si lo hicieran, es muy probable que el grueso del electorado lo ignoraría porque la erradicación de la pobreza extrema y el concepto de justicia social han dejado de tener significado o credibilidad de tanto que lo repiten los políticos y los técnicos sin que se hayan visto resultados concretos.
A pesar de ello, acabar la pobreza extrema y establecer plenamente no sólo la justicia como institución sino la justicia social como concepto y como objetivo ampliamente compartido sigue siendo inaplazable. The Washington Post acaba de publicar un artículo del conocido periodista Juan Forero sobre la pobreza en Colombia ('Despite billions in U.S. aid, Colombia struggles to reduce poverty') que produce vergüenza, no por los hechos que describe, que son ampliamente conocidos, sino porque, vistos con ojos de observador extranjero, es evidente que si aquí no se ha hecho lo suficiente para combatir la pobreza extrema no ha sido por falta de recursos, sino por falta de voluntad.
El artículo del Post principia con el comentario de que a pesar del crecimiento económico de Colombia, los países vecinos tienen inferiores niveles de pobreza y de pobreza extrema y que en los ocho años de Uribe mejoró la seguridad y el crecimiento económico fue satisfactorio, pero que los resultados de pobreza fueron menos que satisfactorios.
En Panamá, Ecuador, Venezuela, México, Brasil y Perú son significativamente inferiores las tasas de pobreza y de extrema pobreza. En Costa Rica y Uruguay las tasas de pobreza extrema son una cuarta y una sexta parte las de Colombia. Uno podría alegar que hay problemas de medición, y que los datos no son estrictamente comparables entre países, pero no justifican diferencias tan grandes. La realidad es que en este país hacemos menos a favor de los pobres que en los otros de la región, aun en los más pobres.
Un congresista norteamericano dice que la pobreza no solamente es significativa sino que sus extremos son impresionantes, y remata concluyendo que está en la raíz de la inseguridad. Esto último lo han refutado muchos economistas y científicos sociales, pero la apreciación no deja de tener significado político.
Forero dice que en los pueblos de la Costa Atlántica colombiana es particularmente evidente la brecha entre ricos y pobres (también lo es en el Pacífico) y se refiere al municipio de Algarrobo, donde una familia rica, que ha estado en las noticias por este motivo, recibió auxilios de Agro Ingreso Seguro por un millón de dólares, aproximadamente, mientras que los campesinos pobres en la misma región no recibieron ninguna ayuda y siguen cultivando la tierra propia o ajena en condiciones de desesperante pobreza. Esta es una de las razones por las cuales no se progresa y permanece la miseria. Los gobiernos se llenan de razones para regalarles plata a los ricos, cuando estos recursos se aprovecharían mejor en programas efectivos para combatir la pobreza.
Colombia es el único, entre los países grandes de América Latina, en donde ha crecido la brecha entre ricos y pobres y que el nivel de indigencia es dos veces el promedio de la región. Más de la mitad de la población rural colombiana es pobre y no recibe un soporte directo del Estado, que ha destinado los recursos a subsidiar ricos.
Hace falta un compromiso firme de los dos candidatos líderes de que van a reducir la miseria y la pobreza por lo menos a nivel de los países vecinos del continente en el período 2010-2014. Prosperidad, Legalidad y Justicia Social podría ser el motto para el período.
Rudolf Hommes

El problema de la tierra en la guerra y en la paz

El problema de la tierra en la guerra y la paz
Escrito por Alejandro Reyes Posada
lunes, 17 de agosto de 2009
La violencia colombiana es ante todo un conflicto por los derechos de propiedad sobre la tierra, de modo que la paz exigirá un acuerdo ampliado entre el Estado y los campesinos que viven en esas regiones.
Por qué en Colombia persiste la violencia
El Estado colombiano tiene características especiales que favorecen la violencia, y la primera de ellas es que su poder efectivo no alcanza a cubrir todo el territorio. La infraestructura estatal o, para usar una definición de Michael Mann[1], la ¨capacidad institucional de un Estado central, despótico o no, para penetrar sus territorios e implementar logísticamente decisiones", escasamente alcanza a las ciudades y a los pueblos más grandes, y deja por fuera a la mayoría de la población rural y aún a los marginales urbanos. Este vacío de poder invita a las organizaciones de violencia a ejercer dominaciones locales y a transferir rentas por la fuerza para financiar esa dominación.
El precio que Colombia paga por la carencia de una organización estatal democrática y moderna es la violencia:
- Las guerrillas surgieron como respuesta a la agresión del ejército contra comunidades campesinas, y prosperaron porque el Estado no empleó la estrategia política ni la fuerza militar necesaria para vencerlas.
- Los paramilitares nacieron como una alianza de sectores sociales dueños de la tierra, incluidos algunos capos del narcotráfico, y crecieron por la ambivalencia y la incapacidad del Estado para enfrentarlos.
- La criminalidad organizada prosperó en muchos negocios rentísticos, desde el secuestro, el robo de autos o de gasolina, hasta la explotación de esmeraldas o del mercado de las drogas, porque cualquier organización puede acumular la cantidad de fuerza necesaria para funcionar sin sufrir un gran riesgo de ser confrontada eficazmente por el Estado.
La superación de la guerra solo parece probable cuando el país se decida a encaminarse hacia un Estado moderno, depositario del monopolio legítimo de la fuerza y responsable de la protección de los derechos de toda la población, incluidos los excombatientes de la guerra. De lo contrario los líderes armados no querrán entregar sus armas a disposición del adversario militar, si juzgan que permanece como miembro o aliado de la dirección política de lo que difícilmente puede llamarse un Estado serio. El dilema de la seguridad que planteó, entre otros, Barbara Walter, para referirse a las situaciones en las cuales las partes preferían seguir la guerra en vez de terminarla, por los temores asociados con la deposición de las armas en un pacto de paz, opera con toda su vigencia en Colombia, especialmente después del exterminio de la Unión Patriótica, el partido creado por las Farc en 1986. [2]
Colonización, latifundios y ausencia de Estado
La relación del poder estatal con la geografía política y social de Colombia explica muchas de las condiciones estructurales que han influido sobre la persistencia de la lucha armada y sobre las dificultades para resolver el conflicto. El Estado no ha sido capaz de reconocer y garantizar derechos de propiedad transparentes sobre la tierra, ni ha podido controlar las rutas para movilizar los productos de exportación. Tampoco ha podido imponer un sistema equitativo de impuestos sobre la propiedad o la riqueza, y por tanto no tiene los recursos para satisfacer las necesidades básicas de los sectores excluidos de la población.
La confrontación armada en Colombia ha sido fundamentalmente una guerra por el territorio, porque la tierra ha sido históricamente la fuente de rentas privilegiadas para los ricos y el recurso de supervivencia de los pobres. Por eso es necesario examinar en primer lugar las raíces y dimensiones agrarias de la violencia.
Las mejores tierras del país han sido colonizadas por campesinos y apropiadas luego sistemáticamente por los hacendados. Así se expandió la ganadería extensiva en la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales, después de haber ocupado durante varios siglos las altiplanicies y los valles interandinos.
El secreto de esta forma primitiva de acumulación de capital para las elites regionales colombianas es la resistencia, negligencia, incapacidad u oposición del Estado para reconocer, formalizar, titular y proteger los derechos de las comunidades campesinas sobre la tierra. El campesino ha sido reducido a colonizar nuevos territorios sin apoyo estatal, bajo el supuesto de que el país tenía una frontera abierta ilimitada para conquistar, sin necesidad de repartir la tierra sometida al régimen de monopolio rentístico. Su trabajo sobre la tierra, en ausencia de título, no se capitaliza en el valor de la propiedad y reduce al colono al papel de un vendedor de "mejoras" o posesiones que son acumuladas a continuación en ganadería extensiva.
Monopolio de las mejores tierras y ausencia del Estado son las dos características de esta fórmula política de la gran propiedad. Con el espíritu feudal de los señores de la tierra, heredado del ansia de honor que se despertó entre los españoles que venían a América, la propiedad privada de la tierra dejó de ser el motor de la prosperidad para ser el capital muerto de cuyas rentas pudo sobrevivir una clase dominante regional llena de pretensión e incompetencia empresarial. Y la casi ausencia de impuestos sobre la tierra reduce a cero el costo de oportunidad de acumular capital en tierras sin producir, al mismo tiempo que mantiene raquíticos a los municipios, ausente al Estado y empobrecida a la población rural.
Necesitamos un modelo distinto de desarrollo agrario
El país debe adoptar políticas para clarificar y formalizar los derechos de propiedad, recuperar las tierras obtenidas por violencia y enriquecimiento ilícito, restituir la tierra a las víctimas de usurpación y desplazamiento, y facilitar el acceso a la tierra para poblaciones que deban reubicarse por razones ambientales, productivas y sociales.
Es imperioso usar racionalmente el territorio productivo mediante el cultivo más intensivo de los mejores suelos, la reducción de la presión demográfica sobre las áreas que deberían conservarse, y el ordenamiento de la población campesina en el territorio mejor dotado de infraestructura y servicios estatales.
Es muy probable que el conflicto armado con las guerrillas haya pasado su momento de negociación. Colombia optó por recuperar la soberanía estatal sobre el territorio y consolidar la seguridad en todos los frentes del conflicto: desmovilización de los grupos paramilitares, combate frontal con las guerrillas, lucha contra las bandas emergentes del narcotráfico y contra la delincuencia común. La desmovilización paramilitar dejó una secuela de grupos criminales organizados y un aumento de la delincuencia común en las ciudades de destino; y lo más probable es que la desmovilización eventual de grupos de guerrilleros siga el mismo curso. De esta forma, el problema colombiano parece estar derivando hacia un problema de eficacia de la policía y los servicios estatales de justicia, prevención y conciliación de conflictos.
Si se descarta definitivamente la vía de negociar reformas estructurales con las guerrillas como precio de la paz, se abre la perspectiva de resolver los conflictos sociales como resultado de la iniciativa del sistema político para consolidar las ganancias en seguridad y recuperar la lealtad de la población con el Estado. Este viraje también requiere cambiar la perspectiva de análisis para volver a la idea de un Estado en construcción, en ocasiones cercano a la definición de un Estado frágil o casi fallido, que no ha logrado imponer la ley en el territorio.
En esta nueva perspectiva, ningún programa estatal tendría mayor impacto en la distribución de las oportunidades de vida y la consolidación de la seguridad que el reconocimiento de los derechos de propiedad del campesinado sobre los territorios recuperados de los actores armados. Exigiría reordenar la distribución de la población rural en mejores tierras, con oferta de bienes públicos, titular la pequeña propiedad, estabilizar la frontera de colonización y cerrar su expansión, reubicar dentro de la frontera a los cultivadores ilícitos, proteger y sanear las reservas territoriales indígenas y negras, conservar las tierras cuya vocación es la generación del agua y recuperar y restituir la tierra usurpada a los desplazados.
Un nuevo modelo de desarrollo agrario que incluya la economía campesina permite asociar capital y trabajo en la misma población regional, que está interesada, más que cualquier inversionista, en conservar los recursos naturales y en mejorar la infraestructura y los servicios estatales de la región.
La alternativa es la que tiende a imponerse de hecho si el gobierno no formaliza y restituye los derechos territoriales de la población campesina: la mayor seguridad estimula la confianza de inversionistas, quienes ofrecen comprar posesiones o mejoras a bajo precio para englobar grandes extensiones para monocultivos empresariales, y reproducen el ciclo migratorio de los colonos, mientras generan poco trabajo asalariado. El resultado es menor cohesión social y mayor conflictividad, como muestra claramente el modelo de desarrollo de Urabá.
Un programa de consolidación debe transformar la mayor seguridad democrática en confianza inversionista de las comunidades regionales, para que asuman el control de su desarrollo, y en mayor cohesión social, que depende de la amplia distribución de oportunidades de progreso.
La negociación de paz se transforma entonces en una negociación ampliada del Estado con la población campesina en las regiones afectadas por la guerra, que se concreta en un pacto social para reconocer los derechos que tienen como ciudadanos, empezando por la propiedad sobre la tierra. El resultado es la recuperación de la lealtad de la población con el Estado y el debilitamiento definitivo del escaso apoyo popular a las guerrillas y otras organizaciones armadas y la legalización del comportamiento económico, para debilitar también la economía ilegal del narcotráfico.
* Abogado de la Universidad Javeriana y Sociólogo de la Universidad de California, profesor universitario y autor de numerosos estudios sobre tenencia de la tierra y conflicto armado en Colombia, incluyendo su libro más reciente Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia, Editorial Norma, 2009.
Notas de pie de página
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[1] 1993, The Sources of State Power, Vol. II, The Rise of Classes and Nation States, 1760 1914, Cambridge, UK, Cambridge University Press., citado por Jeff Goodwin, No other way out, States and revolutionary movements 1945 1991, Cambridge University Press, 2001.
[2] Barbara Walter, "esigning Transitions from Civil War", en Barbara Walter y Jack Snyder, Editores, Civil Wars, Insecurity and Intervention, New York, Columbia University Press, 1999

Seguridad nacional

Seguridad nacional
Por: Salomón Kalmanovitz
Ha salido a la luz pública el deterioro de la tasa de homicidios de Colombia, que es uno de los principales indicadores de la seguridad de que disfruta una nación.
Medellín está mostrando hoy una espeluznante tasa de 73 homicidios por cien mil habitantes. La tasa nacional de homicidios entretanto subió de 33 en 2008 a 39 en 2009, mientras que países en paz como Noruega no alcanzan a mostrar dos homicidios por cien mil habitantes.
La administración Uribe mostró progresos en debilitar considerablemente a las Farc y fraccionar el frente político de los paramilitares con la desmovilización de muchos de sus jóvenes y la extradición de la mayor parte de sus jefes. La presencia de buena parte de este personal, entrenado para la acción criminal, en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá ha disparado la inseguridad. Esta es una de las razones por las que se ha elevado el número de asesinatos que responden a la competencia armada por los territorios, los para-impuestos a los comercios e industrias, los mercados de droga y las rutas del narcotráfico.
Según la Fundación Arco Iris, las acciones de los grupos paramilitares superan a las del Eln y Farc. En 2008 estaban en 247 municipios mientras que en 2009 se ubicaron en 293 localidades donde se distribuyen nueve mil hombres. Estas bandas emergentes constituyen otro fenómeno importante que mantiene deteriorada la seguridad en amplios territorios del país, pues cometen atropellos contra la población civil e impiden el retorno de los desplazados a sus tierras, muchas de las cuales están legalizando a su favor para dedicarlas al pastoreo y a los cultivos de palma africana.
Aunque las Farc han sido debilitadas no están derrotadas y se aprecia un incremento de su accionar oblicuo pero mortífero. Según León Valencia, “hasta octubre, las Farc registraban 1.429 acciones, cerca del 30% más que en 2008. Han vuelto a atacar bases fijas y a incursionar en cascos urbanos con resultados muy negativos para las Fuerzas Militares y la Policía”. Como lo dijo Alejandro Gaviria, la seguridad democrática requiere un cambio de rumbo.
El accionar de la insurgencia y el de las bandas paramilitares que han resurgido informan que el Estado no ha logrado el monopolio de los medios de violencia, condición fundamental para garantizar la seguridad de toda la población y, en efecto, reducir los homicidios radicalmente.
Y no es sólo la presencia de la Fuerza Pública legítima lo que se requiere para establecer la solución del largo conflicto colombiano, sino la presencia del sistema de justicia que opere expeditamente para devolver las tierras usurpadas a los desplazados y repartir las tierras mal habidas por narcos, guerrilla y ‘paras’ entre familias campesinas dispuestas a trabajarla.
Un próximo gobierno, más flexible que el actual, puede iniciar una negociación con las Farc que conduzca a su desmovilización y a que se convierta en un partido político, sin tener que hacer ninguna concesión importante distinta a la de garantizar su actividad proselitista. Al mismo tiempo, debe endurecer su combate contra la misma guerrilla y las bandas criminales, cortando sus vínculos con los políticos que se aprestan a ser elegidos mediante su poder.
Falta entonces mucho para alcanzar una verdadera seguridad nacional: que el Estado ejerza un pleno monopolio de la violencia, con los límites que impone la ley, y una negociación con unas guerrillas, debilitadas y sin horizontes claros, que conduzca a una paz sostenible.

El legado macroeconómico del gobierno Uribe

El legado macroeconómico del presidente Uribe
Por: Salomón Kalmanovitz
¿SÍ vale la pena que las políticas que se condensan en la confianza inversionista produzcan peligrosos desequilibrios macroeconómicos?
Hablo del aumento acelerado de la deuda pública del gobierno central y, en especial, de su componente externo, que de no encontrar correctivos a tiempo puede conducir a la insolvencia del país.
Es que no tiene sentido económico ofrecer deducciones impositivas del 30% sobre la importación de bienes de capital que ya vienen abaratados por la enorme revaluación del peso. Por lo demás, se vuelve más rentable poner a producir una máquina que contratar a un trabajador, cuando el desempleo alcanza el 12,3% de la fuerza de trabajo en las ciudades del país.
Menos sensato es ofrecer descargas a las empresas, que se decretan a dedo como zonas francas, cuando existe un déficit estructural del gobierno central de más de 4 puntos del PIB. Insisto en una vieja máxima paisa: uno no regala lo que no tiene.
Ese tipo de gabelas injustificadas y discriminatorias valen 8 billones de pesos al año y lo que se regala por un lado debe ser financiado por el otro. Se trata además de incentivos innecesarios, pues las inversiones se hubieran producido de todas maneras en época de prosperidad y en recesión no se están dando.
Para rematar, las malas políticas se tornan en permanentes, en la medida en que el gobierno firma contratos de estabilidad jurídica que perpetúan los desequilibrios tributarios durante 20 años. ¿Cómo es posible que un gobierno se arrogue decisiones que comprometen a las próximas cinco administraciones que va a tener el país? ¿Cuántas generaciones del electorado le entregaron esa enorme potestad de desequilibrar crónicamente las finanzas públicas?
La semana pasada se conoció que la deuda externa del gobierno se había ampliado aceleradamente. Mientras el sector privado redujo el monto de sus acreencias externas en 3 por ciento, las obligaciones del sector público crecieron 27,37 por ciento en un año, llegando a 36.766 millones de dólares. Eso en plata blanca significa que se contrató nueva deuda equivalente a US$10.083 millones.
Las malas decisiones económicas que ha tomado el gobierno tienen segundas consecuencias. Es obvio que el gobierno ejecuta la mayor parte de su gasto en pesos y para eso vende los dólares que le han prestado en el mercado cambiario. La segunda consecuencia es, por lo tanto, que la deuda externa revalúa el peso más aún. Entramos entonces en un círculo vicioso: los bienes de capital se abaratan más, el sector exportador ve reducidos sus ingresos y los productores locales se vuelven menos competitivos frente a las importaciones.
Para empeorar más la situación está el hecho de que el país se está transformando en un emporio minero: carbón, petróleo, níquel y oro ocupan más del 45% de las exportaciones del país. En fases de precios altos, las rentas de estos recursos se tornan en una maldición para la producción de bienes transables, que son los que se exportan o compiten con las importaciones pues revalúan la tasa de cambio.
En tales circunstancias, la fórmula conocida y que aplican en Canadá, Chile y Australia es que el gobierno ahorra las bonanzas y más, de tal modo que se sacan de la circulación las divisas que afectan negativamente la producción y el empleo. El gobierno de Álvaro Uribe pasará entonces a la historia como el que más dilapidó recursos públicos cuando más se necesitaba de lo contrario.

A cambiar el rumbo

A cambiar el rumbo
Por: Armando Montenegro
El cambio de gobierno en agosto dará la oportunidad para producir el necesario viraje que permita enfrentar los graves problemas que se han venido acumulando en forma peligrosa en los años pasados. A diferencia de la lucha contra la guerrilla, donde sí se requiere continuidad y firmeza, en casi todos los demás asuntos públicos es indispensable un cambio de rumbo.
Este cambio, indispensable para recuperar el camino de la modernización y el crecimiento, se debe extender a la mayoría de las dependencias del Estado. Son necesarias “caras nuevas en los carros oficiales”; es preciso que vuelvan al gobierno los técnicos, los expertos y los intelectuales, hoy desterrados de los puestos públicos por la chambonería, el amiguismo y la improvisación.
En el campo de las finanzas públicas, el déficit fiscal del Gobierno es inmenso (4,6% del PIB); la estructura de los impuestos está plagada de exenciones, ineficiencias e inequidades; los debilitados ingresos del Estado están comprometidos por muchos años. Los pasivos contingentes originados en las pensiones, la salud y los pleitos y reclamaciones contra el Estado son enormes. El acelerado crecimiento de la deuda pública no es sostenible. Son urgentes profundas reformas en materia tributaria, presupuestal y de seguridad social.
El desempleo y la informalidad se han agudizado en forma notable. La horrible tasa de desempleo de casi el 15% ya no es muy distinta a la de los primeros años del primer gobierno de Uribe. Se ha subsidiado generosamente a quienes compran máquinas y equipos que les quitan el trabajo a las personas (la “confianza inversionista” tiene prelación sobre la “confianza laboral”). Un sistema desordenado y caótico de subsidios estimula la informalidad y se convierte en un peso para las finanzas públicas. El próximo gobierno ya no podrá eludir los graves problemas del mercado laboral que hacen que el país sea, cada día, más inequitativo y menos competitivo.
En los ocho años pasados no se completó ninguna obra de infraestructura de importancia. El Gobierno se limitó a realizar anuncios y a firmar una serie de contratos que se modifican con frecuencia, se amplían, se pagan y se repagan, pero no producen carreteras, puentes y autopistas. En la mayoría de los departamentos no se construyó nada que valga la pena. Allí el Gobierno se redujo a prometer y a dejar mal contratadas una serie de obras, cuyos pleitos y dificultades serán el calvario de los ministros de Transporte por mucho tiempo.
Los problemas del sistema de salud, incluso si no se cae la improvisada reforma que se discute en la actualidad, quedarán sin solución. La deuda pensional está aumentando otra vez, a raíz de los regalos y la ausencia de una política sobre la materia. Sin mayor previsión se han comprometido las vigencias futuras en un sinnúmero de obras y contratos. Los observadores especializados perciben que la corrupción va en aumento.
Más allá de los problemas puramente económicos, los retos son incontables; aparecen en casi todos los asuntos del Estado. Su mera enumeración necesitaría varias columnas como esta.
La noticia positiva es que hay buenos candidatos presidenciales, con equipos serios y capaces. Ellos saben que, al lado de los propósitos de mantener la seguridad, es necesario corregir el rumbo de casi todas las políticas públicas. El continuismo no es una opción.