Un balance del conflicto *
Uno de los costos más elevados del
conflicto colombiano ha sido el de alimentar la hegemonía de la derecha y de
las prácticas clientelistas y corruptas en la política nacional.
Por: Salomón Kalmanovitz
De ellas se derivan la desigual
distribución del ingreso, la baja tributación para financiar programas
sociales, pero suficiente para fortalecer la capacidad militar del Estado;
también, el bloqueo a las reformas agrarias que promovieran el desarrollo
económico del campo y, no menos, la captura del gasto público por las mafias
que actúan en la contratación.
No ha sido posible construir un Estado dotado de una burocracia
reclutada por mérito y con capacidad para actuar de manera decidida en todas
las áreas que le corresponden, desde el desarrollo de la agricultura hasta la
dotación de una infraestructura que reduzca los costos de transporte y de la
energía. Todo emprendimiento público termina enmarañado en el desgreño y en la
apropiación indebida de los recursos del Estado, contaminando incluso al
sistema de justicia.
El fin del conflicto que se avizora servirá para debilitar a las fuerzas
que entorpecen el desarrollo económico y que han limitado la democracia en el
país, aunque tomará tiempo y empeño limitar las prácticas malsanas de un
sistema político basado en las clientelas y la compra de votos.
En todo caso, los beneficios del fin del conflicto son inconmensurables,
en especial para las regiones más atrasadas del país y donde hay menor
presencia del Estado. Colombia es hoy el segundo país con más minas sembradas
en el mundo, lo que saca buena parte del territorio de la explotación
agropecuaria y minera, exponiendo a la población que allí permanece al riesgo
de muerte y desmembramiento. Peor aún, el reclutamiento de jóvenes le ha
extraído la savia más productiva a las economías campesinas de estas regiones
ya de por sí muy pobres.
El secuestro por las Farc ha cobrado 22.000 víctimas, lo que les ha
costado la baja estima que le guarda la población y el odio profundo de las
capas sociales que más lo han padecido. La derogación de la “ley” 002 con la
que se justificaba la extorsión so pena de la libertad y vida de sus víctimas
hará posible que vuelvan al campo capitales que huyeron de la barbarie. Los
bombardeos con cilindros y la respuesta del Ejército han propiciado la ruina de
muchas poblaciones pequeñas. La usurpación de tierras por paramilitares y
guerrilla (38 % del total) ha desplazado buena parte de su población,
permaneciendo en ellas sólo personas mayores. El narcotráfico ha aumentado los
homicidios y es conexo con el subdesarrollo; posiblemente surjan Farcrim una
vez sellada la paz.
El ataque a la infraestructura ha sido costoso no sólo por las pérdidas
directas incurridas (4 millones de barriles de petróleo vertidos en 30 años,
más los daños a la actividad económica por las voladuras de las torres de
energía), sino de la extensa contaminación de las fuentes de agua de la
población y del ganado. Las vacunas son fuertes cargas para los negocios
medianos que van desde el comercio y el transporte hasta las empresas
agropecuarias. El amedrentamiento de las comunidades ha frenado su desarrollo
en paz.
Por último, el aumento de la competencia política puede servir para
fortalecer el voto de opinión e informado en las decisiones electorales y
podría disminuir en algo el clientelismo y la corrupción.
* De
una lectura de Andrés Bermúdez y Natalia Arenas, La silla vacía 09/24.
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