La transparencia empresarial
Por Gabriela Perdomo
Fecha: 08/18/2007 -1320
En marzo de este año la compañía multinacional
exportadora de bananos Chiquita Brands se declaró culpable ante una corte
estadounidense de haber pagado alrededor de 1,7 millones de dólares a las
Autodefensas Unidas de Colombia a cambio de “protección” para sus funcionarios.
La compañía, que gana un promedio de 4.500 millones de dólares al año, fue
obligada a pagar una multa de 25 millones que no les harán mella a sus
operaciones, tal como lo declararon sus ejecutivos. Ningún directivo de la
compañía enfrentó cargos.
No voy a hacer más referencia a este caso, ni a los demás que están en proceso contra la misma compañía por las mismas razones, ni tampoco a las sospechas de que Chiquita no es la única empresa que ha dado plata a milicias –paramilitares, guerrilleras o “independientes”– en Colombia. En cambio, quiero referirme a un mecanismo de transparencia empresarial que tal vez es poco conocido en Colombia pero que ilustra muy bien la necesidad que tienen nuestros gobernantes de sentarse a estudiar cómo evitar que el sector privado –sea nacional o extranjero– siga financiando nuestra interminable guerra civil.
Se trata del Proceso Kimberly, una idea que nació de la brutalidad que rodea la industria de los diamantes en África. La iniciativa comenzó hace siete años en Sudáfrica, cuando líderes de varios países del sur del continente se reunieron para encontrar una manera de librar al mercado mundial de los llamados diamantes de sangre. Lo que preocupaba a los participantes de la reunión era que, básicamente, la explotación del objeto más precioso del mundo se había convertido en la fuente de financiación de guerras civiles en toda la región.
No voy a hacer más referencia a este caso, ni a los demás que están en proceso contra la misma compañía por las mismas razones, ni tampoco a las sospechas de que Chiquita no es la única empresa que ha dado plata a milicias –paramilitares, guerrilleras o “independientes”– en Colombia. En cambio, quiero referirme a un mecanismo de transparencia empresarial que tal vez es poco conocido en Colombia pero que ilustra muy bien la necesidad que tienen nuestros gobernantes de sentarse a estudiar cómo evitar que el sector privado –sea nacional o extranjero– siga financiando nuestra interminable guerra civil.
Se trata del Proceso Kimberly, una idea que nació de la brutalidad que rodea la industria de los diamantes en África. La iniciativa comenzó hace siete años en Sudáfrica, cuando líderes de varios países del sur del continente se reunieron para encontrar una manera de librar al mercado mundial de los llamados diamantes de sangre. Lo que preocupaba a los participantes de la reunión era que, básicamente, la explotación del objeto más precioso del mundo se había convertido en la fuente de financiación de guerras civiles en toda la región.
El Proceso
Kimberly estableció desde su implementación en 2003 que países, comunidades
económicas y miembros de la industria diamantera regularían el mercado de
diamantes en bruto al rechazar todas las piedras preciosas provenientes de
minas controladas por grupos armados. La decisión se tomó tras comprobar que en
países como Angola, Costa de Marfil, Sierra Leona, Liberia, República
Democrática del Congo y Congo, algunas minas estaban controladas por mafias y
grupos armados ilegales que financiaban la compra de armas y otras actividades
vendiendo diamantes a empresas comercializadoras. Todos los mineros y los
comerciantes no estaban necesariamente involucrados en la guerra, pero sus
acciones directa o indirectamente estaban ayudando a perpetuar masacres,
violaciones, asesinatos y torturas.
Ante la evidencia, ONG lideradas por Global Witness, gobernantes africanos y los miembros más poderosos de la industria de los diamantes, como la empresa DeBeers, entendieron que el mercado de diamantes estaba completamente comprometido con varias guerras. Entendieron también que una vez la historia de estos diamantes se conociera alrededor del mundo, los consumidores dejarían de ir a las tiendas Tiffany’s y otras famosas joyerías porque el símbolo de la pureza se convertiría en un símbolo del horror. Así que aceptando su responsabilidad, todos los involucrados entendieron la necesidad de intervenir y decidieron crear el Proceso Kimberly para la certificación de diamantes en bruto.
Sólo cuatro años después de su implementación, el proceso hoy cuenta con el aval de Naciones Unidas y opera en 45 países más toda la Unión Europea. Todos los diamantes que se venden y compran en estos países tienen que ser certificados por un estricto proceso, y con ello se garantiza la total legalidad y transparencia de su recorrido, desde la explotación hasta la venta. Desde Venezuela hasta Bélgica, ya miles de consumidores exigen que las tiendas demuestren que sus diamantes son libres de conflicto. Incluso, en DeBeers la política se ha extendido a certificar que los diamantes provienen de campos libres de explotación infantil.
¿Por qué nos debería importar el Proceso Kimberly? Porque aunque falta mucho para lograr una industria global saneada de diamantes de sangre, se ha demostrado que Kimberly es un mecanismo efectivo. El monitoreo de las piedras ha alejado a los grupos insurgentes de la industria, y con ello se ha reducido el tráfico de armas en varios países y se ha reducido la violencia. Se ha demostrado que muchos grupos rebeldes en el sur de África han dejado las armas simplemente porque no tienen cómo financiar su guerra.
Pero su alcance va más allá. Este protocolo nos enseña que los conflictos armados tienen aspectos prácticos que se pueden atacar con eficacia. Y que sí es posible que las empresas que directa o indirectamente se ven involucradas en el fuego cruzado de una guerra acaben con su complicidad si deciden ponerle frente a la situación. En Colombia tenemos un serio problema con las llamadas ‘vacunas’. Lo queramos o no, cientos de empresas nacionales y extranjeras están contribuyendo a que se perpetúe la violencia. Si tanto estas empresas como el gobierno empezaran por reconocer su responsabilidad, podríamos comenzar a pensar cómo desbaratar el sistema de extorsión de los grupos armados colombianos.
Ante la evidencia, ONG lideradas por Global Witness, gobernantes africanos y los miembros más poderosos de la industria de los diamantes, como la empresa DeBeers, entendieron que el mercado de diamantes estaba completamente comprometido con varias guerras. Entendieron también que una vez la historia de estos diamantes se conociera alrededor del mundo, los consumidores dejarían de ir a las tiendas Tiffany’s y otras famosas joyerías porque el símbolo de la pureza se convertiría en un símbolo del horror. Así que aceptando su responsabilidad, todos los involucrados entendieron la necesidad de intervenir y decidieron crear el Proceso Kimberly para la certificación de diamantes en bruto.
Sólo cuatro años después de su implementación, el proceso hoy cuenta con el aval de Naciones Unidas y opera en 45 países más toda la Unión Europea. Todos los diamantes que se venden y compran en estos países tienen que ser certificados por un estricto proceso, y con ello se garantiza la total legalidad y transparencia de su recorrido, desde la explotación hasta la venta. Desde Venezuela hasta Bélgica, ya miles de consumidores exigen que las tiendas demuestren que sus diamantes son libres de conflicto. Incluso, en DeBeers la política se ha extendido a certificar que los diamantes provienen de campos libres de explotación infantil.
¿Por qué nos debería importar el Proceso Kimberly? Porque aunque falta mucho para lograr una industria global saneada de diamantes de sangre, se ha demostrado que Kimberly es un mecanismo efectivo. El monitoreo de las piedras ha alejado a los grupos insurgentes de la industria, y con ello se ha reducido el tráfico de armas en varios países y se ha reducido la violencia. Se ha demostrado que muchos grupos rebeldes en el sur de África han dejado las armas simplemente porque no tienen cómo financiar su guerra.
Pero su alcance va más allá. Este protocolo nos enseña que los conflictos armados tienen aspectos prácticos que se pueden atacar con eficacia. Y que sí es posible que las empresas que directa o indirectamente se ven involucradas en el fuego cruzado de una guerra acaben con su complicidad si deciden ponerle frente a la situación. En Colombia tenemos un serio problema con las llamadas ‘vacunas’. Lo queramos o no, cientos de empresas nacionales y extranjeras están contribuyendo a que se perpetúe la violencia. Si tanto estas empresas como el gobierno empezaran por reconocer su responsabilidad, podríamos comenzar a pensar cómo desbaratar el sistema de extorsión de los grupos armados colombianos.
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