En el reino de la Jagua

En el reino de la Jagua

Cristian Valencia

El Espectador- Mayo 21 de 2012

En el año 96 deportaron de Venezuela a 49 familias campesinas. El gobierno de entonces, por intermedio del Incora (de entonces también), las ubicó en la finca El Prado, de La Jagua de Ibirico. Todas las familias quedaron con tierra y todo iba bien. Como las familias deportadas venían de tierra templada comenzaron a aburrirse de la tierra caliente y, obvio, a vender. Los campesinos que compraron, aparte de la tierra, compraron los años de posesión. Hasta aquí es un cuento feliz, con colorín colorado.

Tenemos, pues, a 49 familias campesinas que viven de sus tierras. Cuarenta y nueve familias campesinas con tierra son un verdadero milagro hoy en día. Con el tiempo comenzó la explotación de carbón en la zona, y aquella tierra de poco valor se disparó en precios. Y llegaron los paramilitares durante los años 2003-2004 a acusar a todo el mundo de guerrillero. Pese a tanta presión, la tierra continuó siendo de los parceleros; el Incoder (sucesor del Incora) así lo ratificaba. Todavía es un cuento feliz.

Hacia el año 2008, Prodeco, empresa dedicada a la extracción del carbón en la zona, necesitó de las tierras de los parceleros y comenzó una negociación con todas las de la ley. Los parceleros consiguieron un abogado, uno que les advirtió de sus derechos y del enorme valor de esas tierras. El abogado fue a negociar con Prodeco y regresó donde los parceleros con la siguiente noticia: ustedes no son dueños de nada aquí. Les dijo que lo mejor era que vendieran la posesión y las mejoras, y que el Incoder les daría una tierra de iguales características en otra zona y, además, un subsidio por ser beneficiarios de reforma agraria. Cada 'posesión' fue vendida por 71 millones, de los cuales 11 iban a las arcas del abogado. Sólo un parcelero, el No. 36, le revocó el poder al abogado, porque no le pareció justa la propuesta. Los demás se fueron felices, pero, al cabo de un tiempo, tuvieron que volver: al parecer no hubo tierra de iguales características ni subsidio alguno para ellos. Allí están, otra vez, en sus parcelas y en vilo.

El parcelero 36 no quería vender, pero se vio obligado a ello. En enero del 2009, algunos hombres sin identificar lo amenazaron. Dice que no sabe quiénes eran ni quién los mandó, pero, al recordar los oscuros tiempos del 2003 y el 2004, decidió irse. Negoció directamente con Prodeco y le pagaron 97 millones. Después descubrió una carta de compraventa de su parcela del Incoder a Prodeco por más de 400 millones. El parcelero 36 decidió retomar su 'posesión' en enero de este año, pese a haberla vendido: lo único que quiere es claridad.

Todos los parceleros de El Prado están insatisfechos con ese negocio. Prodeco tiene que estar insatisfecho con ese negocio: pagó más de 3.500 millones de pesos y no tiene nada. Y el Incoder tendría que responder ante los parceleros y ante el Gobierno Nacional por ese negocio.

Quisiera saber cómo es el cuento. Cuando les entregan tierra a unos campesinos, ¿esa tierra es de ellos o es del Incoder? ¿Lo que entregan es apenas la posesión? Si es así, cuál es la alharaca con devolución de tierras, reubicación de campesinos y un nuevo futuro de verdad para el campesinado nacional. O esa entrega de tierra tiene su otro sí en letra menuda. Uno que dice, por ejemplo, en caso de encontrar carbón, oro, petróleo o..., dejarán de ser propietarios y adquirirán estatus de ocupantes.

Creo que el Gobierno Nacional tendría que meter mano en ese proceso porque algo huele a podrido en el reino de La Jagua. Los funcionarios del Incoder de ese entonces, 2008 y 2009, no fueron muy transparentes en la negociación. Y esa falta de transparencia tiene en vilo a la región.

Mañana martes, a las ocho de la mañana, el parcelero 36 será desalojado. Y el problema seguirá hasta que el Gobierno aclare para todos. Porque este cuento ya no es feliz para nadie.