Complejos y
justicieros
Puede ser más fácil reducir la violencia que
superar el complejo de un país que se convenció de su carácter asesino.
Por: Pascual Gaviria
Colombia ha bajado sus muertes
violentas a una tercera parte respecto al pico terrible de comienzos de los 90.
Pero el chiste según el cual la planta nacional debería ser el balazo (Monstera
lenea) sigue causando risas desconsoladas, y los caricaturistas insisten en las
sangrías y el cóndor en lo alto del escudo se subraya cada tanto como símbolo
perfecto para ocuparse nuestros regueros.
Sin embargo, tal vez lo más paradójico sea que la ciudadanía percibe
mayor seguridad y sosiego justo cuando los asesinatos crecen o se mantienen, y
siente la amenaza de la muerte que viene cuando tenemos la más baja tasa de
homicidios en las últimas cuatro décadas. Muchos ciudadanos extrañan los
tiempos de la llamada Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Pero
cuando uno mira los estudios de Medicina Legal de los últimos años se da cuenta
que el segundo periodo del expresidente presentó aumentos y estancamiento en la
rebaja de las muertes violentas. Entre 2006 y 2010 la tasa de homicidios nunca
bajó de 34 por cada 100.000 habitantes. El segundo mandato de Uribe, que
supuestamente iba consolidar sus triunfos en seguridad, tuvo siempre más de
15.000 homicidios cada año, y terminó con 17.459 homicidios, la cifra más alta
en la última década. Ha pasado relativamente desapercibido el informe Forensis
2015 que publicó hace unos días Medicina Legal. En uno de sus primeros cuadros
es fácil notar que entre el último año del gobierno Uribe y el año pasado hubo
una reducción de 5.874 homicidios. La disminución se ha sostenido en cerca de
1.000 homicidios años a año. Ahora nuestra tasa de 24 homicidios por cada
100.000 habitantes y no estamos entre los primeros seis de la lista de más
violentos en América Latina.
Es posible que las principales capitales de departamento hayan llegado a
un piso cada vez más difícil de bajar. Sabemos que Bogotá, Cali, Medellín y
Barranquilla ponen una tercera parte de los asesinatos del país, y las cifras
del primer semestre del año anuncian que son posibles unos pequeños aumentos. En
las zonas rurales suceden apenas el 19% de los asesinatos y el año pasado se
contaron 408 municipios colombianos (36% del total) donde no se presentó un
solo homicidio. Esos municipios apacibles están sobre todo en Boyacá,
Cundinamarca, Santander, Nariño y Sucre. Ahí se agrupan más de la mitad de los
territorios donde un asesinato es una extraña barbaridad. En Boyacá, el
departamento de mostrar, el 75% de los municipios terminaron sin sufrir un
levantamiento de cadáver. Nariño, por su parte, concentra casi la mitad de sus
homicidios en Tumaco. Así como Córdoba suma el 48% en Montería, y Valle y
Tolima cuentan el 53% en Cali e Ibagué.
Colombia habla mucho de las víctimas, pero concentra su atención en el
futuro de los victimarios. Se reducen las muertes de los campesinos, pero
añoramos que truene la guerra en sus tierras para hacerles justicia. Se invocan
las banderas negras y las cintas de luto por la rebaja de los muertos y de las
penas. Se grita en contra de la impunidad por un acuerdo de paz cuando apenas el
10% de los asesinos terminan frente a un juez. El clamor de los justicieros
merece siempre un poco de desconfianza, una dosis de pragmatismo y algo de
olvido.
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